Escucha este artículo
Audio generado con IA de Google
0:00
/
0:00
No debe pasar inadvertida la discusión que empezó esta semana entre la Contraloría General de la República y el Departamento de Prosperidad Social (DPS). Según el ente de vigilancia fiscal, el sistema de alertas encontró que se hicieron giros de subsidios a 19.951 personas fallecidas por un monto de $3.843 millones. La respuesta del DPS es que se trata de un análisis inadecuado y pidió mesas de trabajo, pero el país tiene que conocer, cuanto antes, si el dinero destinado a las ayudas sociales se está perdiendo en medio de inmensas burocracias con sistemas de información insuficientes.
Los hallazgos de la Dirección de Información, Análisis y Reacción Inmediata (DIARI) de la Contraloría son muy preocupantes. Después de analizar beneficiarios de Colombia Mayor, Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Ingreso Solidario y Devolución del IVA, encontró irregularidades por más de $402.000 millones. Además de los giros que ya mencionamos a personas fallecidas, $267.393 millones fueron, según la DIARI, “a personas inscritas en el Sisbén, pero que no tenían el puntaje para recibir las ayudas de los cinco programas del Gobierno”. Adicionalmente, se enviaron “$130.679 millones a personas que no estaban inscritas en el Sisbén”. Por todo esto se emitió una alerta de detrimento patrimonial en el corazón del sistema de ayudas estatales para combatir la pobreza.
Lo llamativo es que el DPS no acepta los hallazgos de la Contraloría. Pierre García, director encargado, dijo que “el despliegue de cruces de datos, que con inteligencia artificial hizo la Contraloría a las fuentes de información de los programas de transferencias monetarias y a su modelo analítico, no refleja las particularidades de los hogares beneficiarios de los programas de transferencias monetarias”. Básicamente, argumentó que el Sisbén es un mecanismo indebido de análisis para la priorización que hace el Gobierno en estos programas. Nos encontramos, entonces, ante una disyuntiva: o la Contraloría emplea sus recursos de investigación para realizar análisis inadecuados, o el Departamento de Prosperidad Social está girando dinero de los subsidios a personas fallecidas y coladas. Insistimos: necesitamos una respuesta.
Que estemos presenciando esta discusión, con implicaciones tan graves de por medio, demuestra dos problemas que el Estado colombiano ha sido incapaz de solucionar. El primero es de información. Como explicó hace poco el economista Luis Carlos Reyes, en columna para El Espectador, “al Estado colombiano le entran y le salen cientos de billones de pesos cada año, sin que absolutamente nadie dé cuenta, programa por programa y peso por peso, de en qué se utilizan y qué tan efectivos terminan siendo”. Sin tener datos claros y confiables, que además sean verificables, quedamos en situaciones ridículas, como el cruce de versiones entre la Contraloría y el DPS.
El segundo debate es sobre el aparato de subsidios. Colombia debería considerar una simplificación que unifique apoyos en un solo gran programa, de tal manera que la administración del dinero, así como su repartición, sea más equitativa y sencilla. Mientras eso ocurre, seguimos con la duda: ¿se les giró dinero a fallecidos?
¿Está en desacuerdo con este editorial? Envíe su antieditorial de 500 palabras a elespectadoropinion@gmail.com.
Nota del director. Necesitamos lectores como usted para seguir haciendo un periodismo independiente y de calidad. Considere adquirir una suscripción digital y apostémosle al poder de la palabra.
