Cuesta mucho, en buena fe, seguir la lógica que mueve al presidente de Venezuela, Nicolás Maduro. Los contrastes entre sus discursos y actos son tan marcados que no hay manera de reconciliarlos con coherencia, o sin pensar en motivos ocultos, de esos que presumen la mala fe. El problema es que millones de vidas se ven afectadas por el actuar errático del gobierno venezolano. Veamos.
Anuncia con pomposidad su decisión solidaria de recibir refugiados provenientes de Siria —el gesto de moda entre los gobiernos que por fin le vieron utilidad política a esa crisis—, pero al mismo tiempo deporta con violencia y sin respetar su propia normatividad interna a colombianos indocumentados, cierra la frontera y permite que sus aliados proclamen discursos tildando a nuestros ciudadanos de ser la raíz de todos los males de Venezuela.
Critica los discursos violentos en su contra que llegan desde Colombia y compra un costoso anuncio en The New York Times para explicar su posición sobre la crisis porque, según él, no ha tenido espacio para expresar su versión de los hechos, pero a la vez ampara un proceso judicial en contra de Leopoldo López, líder opositor, en el cual la Fiscalía presenta 63 testimonios y a la defensa sólo se le permite presentar dos —y a las malas—. Exige debido proceso, pero ha creado lazos burocráticos en su país que permiten hacer serios cuestionamientos a la independencia de los jueces y, por ende, a la sentencia que condenó a López a pasar casi 14 años en la cárcel.
Protesta en todo foro que encuentra, pero persigue a quienes se manifiestan en su país; critica la intervención de países extranjeros en asuntos soberanos, pero hace sentir el poder petrolero que aún le queda en los países del Caribe y de Suramérica para bloquear los intentos de diálogo de Colombia; dice que quiere hablar con el presidente Juan Manuel Santos, pero no le contesta el teléfono; habla de valores democráticos, pero parece estar construyendo una crisis nacional que le permita saltarse las elecciones parlamentarias de este año donde, muy seguramente, su partido va a perder la mayoría absoluta. Y podríamos seguir.
Si no hay coherencia, es muy difícil tomar en serio las promesas y los reclamos que se hagan desde Miraflores. El caso de López no es el primero ni, tememos, será el último. Según la sentencia en su contra, el opositor “claramente incitó a sus seguidores a generar violencia en las calles” el 12 de febrero de 2014, en una manifestación en Caracas, donde el orden público se salió de control por la fuerte insatisfacción que hay en ese país.
Preocupa, primero, que es una condena que atenta directamente contra la libertad de expresión, y segundo, que se hizo en un proceso donde, como lo mencionamos, no se le dio oportunidad de defensa al acusado. Con un añadido: López es una de las cabezas visibles de esa oposición que atormenta electoralmente al gobierno de Maduro. Por eso, múltiples organizaciones de derechos humanos han rechazado la decisión con toda razón.
La disidencia no se silencia con la mordaza de la justicia, sino que se contrarresta dirigiendo al país con transparencia y dejando espacio para las voces opositoras. Un sistema judicial convincente es el primer paso, pero ni eso se ve actualmente en el país vecino.
Dirá el presidente Maduro que estas líneas hacen parte del complot que en su contra se fragua desde nuestro país, pero eso sólo demuestra su incapacidad para recibir criticas: a Colombia, tal vez más que a cualquier otro país, le interesa que a Venezuela le vaya bien. Lo necesitamos. El resto es ausencia de lógica.
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Por El Espectador
