La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Organización de Estados Americanos (OEA) han sido organismos esenciales para Colombia, especialmente en los momentos de crisis. Su mandato, además, les otorga competencia para llamar la atención sobre lo que ocurra en nuestro país, algo que ningún actor político nacional puede negar. Sin embargo, eso no justifica que en sus recientes declaraciones hayan caído en imprecisiones, alarmismos desinformados y entrado directamente en el juego de presionar a una Corte Suprema de Justicia que cuenta con autonomía, según nuestra Constitución. Poco ayudan los organismos internacionales al emitir comunicados ambiguos que sirven para seguir encendiendo el fuego retórico que vive el país.
Primero fue el secretario general de la OEA, Luis Almagro. Mientras la Corte Suprema de Justicia veía protestas agresivas convocadas con aquiescencia de la Casa de Nariño, el secretario Almagro publicaba unas declaraciones que harían pensar que Colombia es un Estado fallido al borde del abismo. Dentro de todo lo que dijo, llamó la atención en particular su declaración sobre cómo “la OEA exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia y considera imprescindible garantizar que el presidente Gustavo Petro, quien fue debidamente elegido el 19 de junio de 2022, complete su mandato presidencial”. Solo hay un problema: al sol de hoy no existe proceso alguno que amenace la permanencia del presidente Petro en la Casa de Nariño. La Fiscalía no puede tocarlo, aunque quisiera; la Procuraduría no puede tocarlo, aunque quisiera, y la Comisión de Acusación, su juez natural, no está ni cerca de iniciar un juicio político en su contra. El rol del secretario Almagro, que ha sido importante para proteger la democracia en el continente, termina reducido a un caballito de batalla retórico para un sector político en el país.
Luego aterrizó la CIDH, que no parece estar bien informada sobre cómo opera la Corte Suprema de Justicia de Colombia. En un comunicado escribieron que “la elección de titular de la Fiscalía estaba programada para concluir el 7 de diciembre de 2023”. Eso no es cierto. Históricamente, las discusiones de elección de fiscal se han tomado su tiempo, pues se trata de un proceso complejo en el que se busca construir consenso o mayorías fuertes. La Corte tiene y ejerce con vehemencia el derecho de tomarse su tiempo para elegir. Debe poder hacerlo sin que le estén respirando en la nuca.
Todo lo cual no niega que la Fiscalía de Francisco Barbosa dejó un pésimo legado de politización y tampoco que la interinidad de la fiscal encargada, Martha Mancera, siembra un manto de dudas sobre la institucionalidad. Sería beneficioso para el país que la Corte elija cuanto antes, pero de allí a sugerir que la interinidad es una ruptura institucional hay un largo trecho. Tampoco se pueden ignorar las presiones desde el presidente de la República para intervenir en el proceso.
No compartimos tampoco las voces que claman soberanía sobre las opiniones de los entes internacionales. Ellos tienen competencia para opinar sobre el país y alzar la mano cuando lo consideran. Eso, sin embargo, no los vuelve infalibles y les impone la responsabilidad de ser rigurosos con sus reclamos. Su rol es fomentar la estabilidad y el diálogo, y las semanas pasadas fallaron de manera estruendosa en su intento.
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