Los señalamientos del arzobispo de Cali (y el oportunismo de sus críticos)

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Tenemos que seguir hablando sobre lo que ocurre con los debates nacionales cuando se descuida el lenguaje. Un reclamo justo realizado por el arzobispo de Cali, Darío de Jesús Monsalve, se perdió en medio del intercambio de acusaciones infundadas por haber recurrido al extremismo. Tanto el prelado como quienes le contestaron en los mismos términos entraron en una dinámica inútil de señalamientos y estigmatizaciones violentas. El resultado es que no estamos debatiendo sobre el asesinato de desmovilizados, sino concentrados en las palabras que se utilizaron.

Según el arzobispo, desde el gobierno de Iván Duque existe una “venganza genocida contra los procesos de paz con las Farc y el Eln (...) para desvertebrar, desmembrar completamente la sociedad, las organizaciones sociales y la democracia”. El prelado se refería al asesinato de desmovilizados y de líderes sociales, que vienen ocurriendo en números tenebrosos.

La respuesta fue del mismo calibre. Al arzobispo lo acusaron de ser guerrillero, de ser un genocida, de no tener derecho a manifestarse ni a oficiar en Cali. Respuestas irresponsables, carentes de contenido y peligrosas, en un país donde cualquier excusa es válida para que ciertos grupos violenten a quienes piensan diferente.

Se trata de una situación lamentable. En El Espectador compartimos la preocupación por el asesinato de líderes sociales y de excombatientes que le apostaron a la paz, solo para que el Estado les incumpliera en su deber de protección. Hace poco dedicamos una portada y varias páginas del periódico a nombrarlos, a reconocerlos. Lo propio hemos hecho con editoriales y, desde Colombia 2020, aportamos periodísticamente al cubrimiento de esta tragedia. Sí, las autoridades no han hecho lo suficiente. Sí, los procesos de paz están plagados de obstáculos.

Sin embargo, no podemos suscribir ni apoyar que se acuse al Gobierno de emprender una “venganza genocida”. No solo se trata de utilizar una palabra cargada de contenido y que no es aplicable a este caso, sino que no cumple su cometido y banaliza un problema complejo. Si vamos a detener el goteo de asesinatos y a promover futuros procesos de paz, tenemos que poder entablar conversaciones con el Gobierno, con sus aliados políticos y con todos los que cayeron en la acusación del arzobispo. Empezar diciéndoles “genocidas” es cerrar la puerta. También es fomentar que en Colombia sigamos dando debates desde los extremos, en nichos sin diálogos entre sí, cada vez más polarizados. Eso solo beneficia a quienes quieren sembrar el caos.

Dicho eso, es grosero el oportunismo de quienes han criticado al arzobispo. Quieren desterrar a un sacerdote incómodo por sus denuncias, por acompañar a los desprotegidos, por no jugar a ser cómplice de la corrupción y la comodidad de ciertas élites políticas. Aprovechan para destruir su buen nombre y, de un solo tajo, borrar el trabajo social esencial que el prelado realiza. Como dijo Bruno Marie Duffé, secretario general del Dicasterio para la Promoción del Desarrollo Humano Integral del Vaticano, “la palabra de un obispo cercano a su pueblo merece consideración y respeto. No se puede construir la paz sin un pacto de respeto a la vida”. Estamos de acuerdo. Por eso es una lástima tener que estar discutiendo sobre el lenguaje y no sobre esas vidas.

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