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La disminución de ingresos por la crisis de precios de las materias primas, la devaluación del peso y el panorama económico general tienen al Gobierno Nacional buscando con angustia soluciones rápidas para que el país pueda resistir. Sin embargo, la urgencia no es buena consejera a la hora de tomar ciertas decisiones, como lo demuestra el escándalo generado por el Decreto 1780, del 9 de septiembre de 2015, que declaró a la trucha y la tilapia como especies domésticas, a pesar de que en 2008 el mismo Gobierno las había declarado “especies invasoras”, y a pesar de que la trucha llegó a Colombia en 1930 y la tilapia -especie africana- fue importada hacia 1986.
La utilidad económica del decreto -firmado por el ministro de Agricultura, Aurelio Iragorri; la ministra de Comercio, Cecilia Álvarez, y el ministro de Ambiente, Gabriel Vallejo- es permitir cultivos de estos peces sin necesidad de una licencia ambiental, requisito que limitaba a muchos productores informales porque no podían cumplir con todas las exigencias de una licencia. Según expertos, este cambio le permitirá al Ejecutivo mostrar resultados económicos pronto: hoy el país produce cerca de 100.000 toneladas de estas especies y existen cerca de 20.000 acuicultores.
Los costos ambientales del decreto, sin embargo, opacan esos posibles beneficios. Tanto más si se tiene en cuenta que el Gobierno tomó la decisión sin consultar a los expertos, lo que demuestra que no está pensando en políticas integrales de creación de viabilidad alimenticia y económica, sino en medidas que le den un respiro momentáneo en las cifras.
Las especies invasoras son dañinas para el medio ambiente y para las especies genuinamente nativas. El Gobierno lo sabe de sobra -ha publicado varios informes sobre estos efectos- y ahora pretende hacerse el de la vista gorda. La tilapia, por ejemplo, fue introducida en 96 países entre 1927 y 2003, y en 56 de ellos se han reportado impactos negativos. Varios Estados de EE. UU. han prohibido su introducción por su comportamiento agresivo. Colombia está sujeta a normas internacionales de conservación de biodiversidad que está violando con este decreto.
La otra crítica válida a la medida es su idoneidad para fomentar la economía. En nuestro país hay por lo menos 387 especies de peces que han sido catalogadas como de interés comercial, pero la falta de interés estatal por investigarlas y convertirlas en un producto viable las tiene en desuso. ¿Por qué prefiere el Gobierno apostarles a las especies ajenas? ¿La ley del menor esfuerzo?
Lo anterior sin siquiera mencionar la precaria situación de la pesca artesanal. En su mejor momento, la cuenca del Magdalena llegó a aportar 120.000 toneladas anuales de pescado. Hoy son menos de 7.000. Invertir en la recuperación de estos ecosistemas le daría al país una fuente de alimentación sostenible a largo plazo; precisamente lo que el Gobierno pretende con este decreto que parece, a todas luces, cortoplacista.
Esperamos que se escuchen las voces críticas y se tomen medidas pronto, no sólo para modificar esta regulación, sino para hacer inversiones que de verdad permitan aprovechar la crisis para fortalecer la economía nacional.
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Por El Espectador
