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La tardanza de la Corte Suprema de Justicia en darle debido trámite al proceso que involucra al expresidente Álvaro Uribe ha paralizado innecesariamente al país. No se justifica que el alto tribunal dilate de manera exagerada las indagatorias y el análisis en un caso que está construido sobre los cambiantes testimonios de una persona que, en nuestro parecer, ha dinamitado su credibilidad. Aunque los opositores y críticos del ahora senador ven en este proceso una oportunidad de oro para deslegitimar la figura de Uribe, hay serias preguntas sobre la solidez de las pruebas y la Corte no ha hecho más que avivar el fuego político al demorarse tanto en tomar decisiones.
Hemos utilizado, en numerosas ocasiones, este espacio para cuestionar al expresidente Uribe: desde sus políticas que no compartimos hasta sus abusos del poder y los crímenes que han cometido personas cercanas a su entorno. Sin embargo, creemos con firmeza en los principios básicos de todo Estado de derecho, que son la presunción de inocencia y el debido proceso o, en otras palabras, la necesidad de ser vencido en juicio antes de recibir una condena.
Por eso, preocupa que la CSJ siga dándole largas al llamado a indagatoria en el caso que lleva contra el expresidente por presunta manipulación de testigos y que ha ratificado esta semana, al desestimar la acción de nulidad presentada por su defensa. Con tanta dilación, el país queda en la eterna ambivalencia de no saber si hay méritos para la imputación o no. Esto afecta de manera injusta la reputación del ahora senador y permite que Colombia siga incendiándose entre los defensores del uribismo y sus opositores. En medio queda aplastada también la legitimidad de las instituciones básicas de nuestra democracia.
Como la CSJ no les ha dado celeridad a los espacios que permiten entender mejor el caso, no queda más que hacer una pregunta: ¿todo este desgaste del país durante tanto tiempo en qué se basa? ¿En el testimonio de un testigo que ha cambiado su versión en varias ocasiones? No podemos olvidar que este proceso inició precisamente porque se acusaba al senador Iván Cepeda de lo que ahora se le imputa al senador Uribe, y que todo cambió gracias a esa constante alteración de versiones. ¿Tienen suficiente solidez las pruebas? ¿Por qué llevamos más de un año esperando la indagatoria? ¿No entiende la CSJ la magnitud del caso que tiene en sus manos? ¿O es que no hay mérito y el tribunal no lo ha reconocido? Vemos dos alternativas: o el caso es débil y la Corte debería decirle eso al país, o el caso tiene solidez y el tribunal le está fallando a Colombia al demorarse tanto en resolverlo. En cualquiera de las dos situaciones, los magistrados están ocasionando efectos perversos en el debate público nacional.
Los procesos judiciales no se deben resolver en el debate público ni en los medios de comunicación (incluidos espacios como el que estamos utilizando en este momento). Cuando los jueces no operan de manera diligente, generan frustración y convierten a los reflectores mediáticos en el campo de batalla por la verdad. No debería ser así. Si el material probatorio relevante ya está en posesión de la Corte, es momento de llevar a cabo la indagatoria y proceder a tomar decisiones sobre el proceso. A ver si Colombia puede dejar de estancarse en limbos jurídicos que solo nos dividen, a partir del testimonio cambiante de un bandidito de poca monta.
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