No podemos olvidar a los desaparecidos

Si la Fiscalía y el Estado quieren mostrar su diligencia, están en todo su derecho de hacerlo, pero las formas importan. / Foto: Cristian Garavito - El Espectador

No todo vale al momento de defender al Estado en escenarios nacionales e internacionales. El escándalo que se armó esta semana por unas declaraciones sobre los desaparecidos en la toma y retoma del Palacio de Justicia, hace ya 34 años, es una oportunidad para que el país reconozca las complejidades de un delito muy común en Colombia y al que pocas respuestas le suelen dar.

El fiscal Jorge Sarmiento, que está llevando el caso del Palacio de Justicia, dio unas declaraciones que se prestaron para entender que estaba negando la existencia de desaparecidos en uno de los hechos más dolorosos de la historia nacional. Cuando recibió fuertes críticas, aclaró que se refería a casos en los que la Fiscalía no identificó que esas personas hubieran sido desaparecidas de manera forzada. Lo mismo dijo Medicina Legal, que a través de un comunicado aseguró que “nunca ha negado o dado resultados que nieguen la existencia de la desaparición forzada en la toma del Palacio de Justicia”.

La confusión surge de una hipótesis, difundida por Sarmiento, de que seis casos de desaparición forzada serían, en realidad, eventos en los cuales se identificaron inadecuadamente los cadáveres hallados en Palacio. Esto, en el marco de una inminente visita por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para verificar los avances que el Estado colombiano ha hecho en el caso.

Es preocupante que la Fiscalía haya decidido ventilar esta hipótesis sin antes haber notificado a los familiares de las víctimas, o a sus representantes, y también sin medir el impacto que tendría una declaración de este tipo. Por lo demás, cabe preguntar si el hecho de que los cuerpos se hayan identificado elimina la posibilidad de que las personas en cuestión de todas maneras fueran víctimas de tratos inhumanos. A eso apuntan los relatos que se han publicado en todos estos años en los que el proceso ha avanzado lentamente.

Como bien dijo Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD), “Colombia tiene un problema y lo ha tenido siempre y eso ha mantenido la violencia: negar lo que ha pasado en el conflicto. Ese es el negacionismo, y en una construcción de paz no podemos negar lo que ha pasado. El Palacio de Justicia es algo que toda la población colombiana se dio cuenta de que ocurrió”.

En el mismo sentido, Francisco Gutiérrez Sanín escribió para El Espectador que “la desaparición ha sido uno de los delitos más brutales, más extendidos y más desatendidos del conflicto armado colombiano. Nadie se lamenta por él, casi nadie lo ha rechazado y estigmatizado desde las altas esferas. La desaparición en Colombia ha sido al mismo tiempo masiva y tremendamente destructiva”.

Si la Fiscalía y el Estado quieren mostrar su diligencia, están en todo su derecho de hacerlo, pero las formas importan. Cuando los familiares de los desaparecidos llevan décadas sufriendo el abandono y la falta de respuestas, utilizar una hipótesis como la planteada y difundirla sin más es una irresponsabilidad. Al hablar de los errores históricos y de nuestras tragedias, las autoridades deben entender el peso de sus palabras.

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