Algo muy diciente en el debate que ha surgido en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es que ninguno de sus proponentes ha considerado que hay una alternativa a simplemente asfixiar el trabajo de la justicia transicional. Si la crítica recurrente es que hay víctimas que no se han sentido incluidas, que hay miembros de la Fuerza Pública que quieren modificar la manera en que han sido juzgados, que hay toda una versión de la historia que los tribunales de paz no nos están contando… ¿por qué no pensar, en lugar de asfixiarla económicamente y recortar su vigencia, en expandir la JEP, mejorarla y dotarla, para que esta sea la oportunidad de que todos los sectores políticos se sientan incluidos? ¿O es que acaso lo único que se busca es un pacto de impunidad, como el que varias veces se ha propuesto en los últimos años, a veces entre rumores, otras de labios para afuera
Esta semana Enrique Gómez, senador de Salvación Nacional, partido de Gobierno, celebró que su propuesta de acabar la JEP en 2028 aprobó su primer debate en el Congreso. Gómez es quizás el rostro más visible de la iniciativa simultánea de varios congresistas, todos oficialistas, que han lanzado fuertes críticas a los tribunales de paz. En el debate del presupuesto para 2027, las peticiones de recursos por parte del presidente saliente de la JEP, Alejandro Ramelli, fueron contestadas con hostilidad, señalándolo de derrochador. No queremos entrar en el fango de los “escándalos” promocionados en estos días, porque nos parece que la discusión esencial es una distinta: ¿qué hacemos con los compromisos que tiene el Estado colombiano en términos de justicia transicional?
Tenemos dos realidades que no son excluyentes entre sí: hay víctimas que no se sienten bien escuchadas por la JEP, pero también hay miles de víctimas que celebran la labor de los tribunales de paz. Ausente en las declaraciones de quienes buscan asfixiar la justicia transicional están los testimonios que hemos conocido de personas que sintieron que sus casos por fin fueron escuchados, que los espacios de confrontación fueron reparadores, que las investigaciones juiciosas y estructuradas les permitieron conocer verdades a las que nunca iban a poder acceder a través de la justicia ordinaria y mucho menos de la justicia penal militar. ¿Qué hacemos con esas víctimas, que han sido tan generosas con sus testimonios y tan participativas en los espacios que abrió la JEP? ¿Truncamos los procesos porque el gobierno de turno y su coalición legislativa definieron que ya no habrá recursos? ¿Tildamos todos esos procesos, que se han llevado a cabo en las regiones más vulnerables del país, de derroche presupuestal? ¿Nos atrevemos a sabotear un proceso que ha sido reconocido internacionalmente por su seriedad, rigurosidad y también por los resultados que ha dado? Porque eso es lo que proponen quienes ahora buscan posicionar la idea de que la JEP ha sido un gran desperdicio de recursos públicos.
Lo anterior no quiere decir que no haya espacio amplio de mejora; si la conversación se enfocara en ver cómo incluimos a la mayor cantidad de víctimas, la solución no es la agenda de desprestigio. Reconocer que la JEP tiene puntos ciegos y verdades pendientes puede llevarnos a encontrar maneras de llenar esos vacíos, de que haya más verdad, más víctimas incluidas, más procesos seleccionados, al mismo tiempo que se permite aterrizar de manera correcta el trabajo de todos estos años. Los oponentes a la JEP hablan de que ha tardado mucho tiempo, pero no cuentan la complejidad de su trabajo, la territorialidad que se le quiso dar a la justicia transicional desde el principio, los descubrimientos que abrieron nuevas líneas de investigación: desde fosas comunes que eran invisibles para la justicia ordinaria hasta relatos de violencia sexual que carecían de un espacio para ser ventilados. Si queremos paz sin impunidad, eso se consigue con más justicia, con tender puentes entre las dos Colombias, no aplastando la JEP y fingiendo que no estamos perdiendo nada de valor al hacerlo.
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