Ocultar no es evitar

Fingir que no hablando con claridad se va a evitar el inicio de la vida sexual es una pésima manera de educar. Es mejor empoderar y orientar que imponer la ley del silencio, que oculta sin evitar y causa más problemas.

La educación sexual del país en los colegios debe abandonar el misticismo.

El escándalo que ha generado la encuesta del DANE sobre sexualidad a niños y jóvenes que cursan bachillerato muestra que hay varios centros educativos y padres de familia que están más preocupados por seguir tratando con misticismo un tema natural y esencial en el desarrollo de las personas que por tener un diagnóstico claro de cuáles son los problemas que las nuevas generaciones enfrentan en estos temas para, así, poder definir mejor cómo educarlos. La indignación, justificada en el derecho de los menores, paradójicamente termina condenando a las sombras situaciones tan complejas como el abuso sexual, la pornografía infantil y la promiscuidad sin ningún tipo de orientación preventiva. Protestar porque a un niño de 11 años se le hagan preguntas explícitas es no querer ver la realidad de la información a la que o bien ya han tenido acceso o, cuando menos, una buena educación los tendría que haber preparado ya para afrontar.

Desde el 2006 —según su director, Mauricio Perfetti—, el DANE viene realizando una “Encuesta de comportamientos y actitudes sobre sexualidad en niñas, niños y adolescentes escolarizados”. Estudiantes desde el grado sexto hasta 11 deben contestarla, de manera obligatoria y anónima. Sin embargo, la edición de este año de la encuesta causó revuelo básicamente por dos argumentos: primero, porque el lenguaje empleado y el contenido de algunas preguntas causó incomodidad entre padres y maestros que no ven por qué, como dijo la representante a la Cámara del Centro Democrático Margarita Restrepo, “les están haciendo estas preguntas a niños de 9 y 10 años”. Segundo, que el hecho de que la encuesta sea obligatoria viola el derecho de los padres a decidir cómo educar a sus hijos.

Sobre lo primero, Fernando Vita, coordinador de la Mesa Nacional de Educación Privada y presidente de la Uncoli, cuestionó que a un niño de 11 años se le pregunte si ha tenido sexo grupal o se les especifique que las relaciones sexuales incluyen “contacto genital sea pene-vagina, pene-ano, pene-boca o penetración con otro tipo de elementos u objetos”. No obstante, la respuesta de Perfetti es completamente razonable: “El 7,5% de los niños en esta edad (menores de 13) ha tenido relaciones sexuales, al 9,4% les han tocado alguna parte íntima de su cuerpo sin que quisieran; 8,9% de ellos han sido forzados a tener relaciones sexuales, y el 3,9% ha recibido algo a cambio de una relación sexual”. Lo que esas cifras indican, entre otras cosas, es que la realidad ha creado una necesidad de que desde temprana edad se hable sin tapujos y se explique con un lenguaje claro lo relativo a la sexualidad, y que estas preguntas se hagan para poder saber en qué está la población estudiantil y qué medidas tomar al respecto.

Según el informe Forensis de Medicina Legal, por ejemplo, el abuso sexual contra los niños más pequeños se ha incrementado, siendo las mujeres de 12 y 13 años las más afectadas, sobre todo, por su propio núcleo familiar o conocidos. ¿No queremos llegar a esas niñas con un lenguaje claro para saber lo que está ocurriendo? Como lo dijo Juan Carlos Vargas, de Profamilia, “lo importante es mirar la encuesta como una educación integral de la sexualidad”. Los menores de edad que entiendan sobre sexualidad, y que sepan cómo identificar abusos, tienen más herramientas para definir límites y denunciar los casos cuando lo necesiten.

Frente al típico argumento de que mencionarles a los niños que esto existe es despertarles la curiosidad y fomentar que experimenten, es la realidad, de nuevo, la llamada a contestar: estos casos ya ocurren, la curiosidad ya existe —y se despierta de nuevas maneras gracias a la tecnología—, y simplemente fingir que no hablando con claridad se va a evitar el inicio de la vida sexual es una pésima manera de educar. Es mejor empoderar y orientar que imponer la ley del silencio, que oculta sin evitar y causa más problemas.

Finalmente, es verdad que la obligatoriedad de la encuesta vulnera la autonomía de los padres de familia, pero esta intromisión leve del Estado se justifica por varias razones. Primero, porque es anónima, lo que no compromete la información de ningún niño. Segundo, porque un diagnóstico de un problema de tal envergadura no puede surgir de datos parciales. Tercero, porque parte de lo que intenta identificar la encuesta son precisamente abusos por parte de padres y maestros, a los cuales no se les puede dar la potestad de silenciar a los menores. Gana más el país, y ganan más los niños y adolescentes, respondiendo esta encuesta que permitiendo que sus tutores se opongan.

Entonces, esperamos que el DANE siga adelante con la realización del diagnóstico, y ojalá el país evolucione en la forma que da los debates en torno a la sexualidad. Mientras los padres se sonrojan, los abusos y embarazos adolescentes siguen fuera de control.

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