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En todo lo relacionado con Odebrecht se siente el sinsabor de que la justicia colombiana se quedó cortísima a la hora de contarle al país quiénes fueron los responsables de un complejo entramado de corrupción que involucró al Estado y —ahora sabemos— a empresas del sector privado. Los US$80 millones que Corficolombiana, propiedad del Grupo Aval, aceptó pagar en Estados Unidos con ocasión de un acuerdo diferido de procesamiento con la justicia de ese país muestran que no tenemos la historia completa, que todavía hay nombres por conocerse y que la Fiscalía liderada en aquel entonces por Néstor Humberto Martínez le quedó debiendo en transparencia y resultados a Colombia. Lo más frustrante es sentir que la impunidad lleva a la complicidad en uno de los peores casos de corrupción en nuestra historia.
No se le puede dar muchas vueltas a la noticia. En un comunicado del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el fiscal de la Corte del Distrito de Maryland, Erek Barron, es clarísimo: “Corficolombiana ha reconocido su papel en un importante ardid de sobornos en el extranjero y por ello se le exigen responsabilidades”. Más aún, dice el comunicado, “entre 2012 y 2015, Corficolombiana se unió en una asociación delictuosa para ofrecer y pagar más de US$23 millones en sobornos a altos funcionarios del Gobierno colombiano”. Entre los hallazgos, como lo contó en Cambio la periodista María Jimena Duzán, está el pago de US$3,4 millones a un alto funcionario del Gobierno de Juan Manuel Santos como soborno para la adición del contrato Ocaña-Gamarra de la Ruta del Sol 2. La persona, identificada en el documento como “Colombian Official 3”, no ha sido conocida por nuestro país. Los involucrados deberían, cuanto antes, aportar a la justicia la identidad para que las investigaciones puedan llevarse a cabo.
Por este desastre, Corficolombiana aceptó pagar una sanción penal de US$40,6 millones al Departamento de Justicia de los Estados Unidos y otros US$40 millones a la Comisión de Bolsa y Valores (Securities and Exchange Commission). Por las particularidades del sistema judicial de ese país, el acuerdo significa que no habrá imputación de cargos y, si se cumplen las condiciones de colaboración con la justicia, en tres años el proceso se dará por terminado. Esto, sumado a que en Colombia la única persona de Corficolombiana que respondió ante la justicia fue su expresidente José Elías Melo, nos lleva a la preocupación de que no sabremos de manera integral cómo fue la articulación de la empresa colombiana con la brasileña Odebrecht en el pago de sobornos. Tampoco es probable que conozcamos qué otros altos funcionarios del Gobierno Santos estuvieron relacionados con la trama de corrupción.
En su momento lo mencionamos: la cercanía del entonces fiscal general Martínez con el Grupo Aval, para el que trabajó, generaba justa incertidumbre sobre conflictos de intereses en una investigación de tal nivel. No se trata de negar la presunción de inocencia ni llegar a conclusiones apresuradas, pero la labor del ente investigador dejó mucho que desear y ahora estamos viendo las consecuencias. Que Colombia solo se entere, y de manera parcial, de lo que ocurrió gracias a la justicia de otro país es un golpe a la legitimidad de nuestras instituciones, genera frustración en los ciudadanos y vuelve aún más espeso el manto de impunidad que ha operado sobre todo lo relacionado con Odebrecht. El actual fiscal, Francisco Barbosa, prometió cerrar los casos antes de que termine su periodo en febrero, pero, como vemos, los tentáculos de Odebrecht siguen vivos. Seguimos necesitando respuestas.
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