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¿Cuánto dolor oculta el silencio obligado por un entorno cultural que te niega el derecho a reclamar, a exigir justicia, a hacer un duelo? Esa es la tragedia que niñas y adolescentes en Colombia llevan años experimentado por culpa de la mutilación genital. Se trata de una práctica que, aunque suena barbárica, se sigue realizando en ciertas partes del país. Hasta esta semana, no teníamos una legislación que la prohibiera y que además ayudara a tener información adecuada para poder entender la magnitud del problema. En medio de una legislatura opaca por su falta de resultados, el Senado aprobó el proyecto de ley “Cuerpos Libres de Mutilación Genital Femenina”. Su proceso de formulación y discusión deja varias lecciones de cómo construir consensos en un país tan dividido.
La ablación genital ocurre en medio de la impunidad porque se trata de una práctica normalizada en ciertos sectores del territorio nacional. Los casos que conocemos porque llegan al sistema de salud son trágicos y dejan entrever que hay muchos más que no estamos viendo. Entre 2020 y 2025 el sistema de salud reportó al menos 204 casos de mutilación genital femenina. De ellos, 177 corresponden a niñas indígenas, principalmente en Risaralda y Chocó. El problema es que no contamos con mecanismos de información suficientes y que las comunidades indígenas donde se practica representaban un reto para la implementación de una prohibición.
Por eso, el proyecto de ley presentado por las congresistas Carolina Giraldo, Alexandra Vásquez, Jennifer Pedraza y Angélica Lozano también contó con la participación activa de lideresas indígenas. Como explicó la lideresa embera Juliana Domicó durante la plenaria del Senado que terminó en la aprobación de la eventual ley, “esto no es una práctica cultural; esto es una práctica nociva impuesta en nuestro territorio. Las mujeres emberá hemos luchado desde el territorio y hemos traído esta propuesta al Congreso para que los senadores y los representantes nos ayudaran a que hoy este proyecto de ley se convirtiera en una realidad. Es una herramienta para que los pueblos emberá podamos seguir trabajando, pero, como consejera, dejo constancia de que esto no se quede en una ley muerta”.
En El Espectador hemos acompañado el largo proceso de aprobación de la ley con un cubrimiento de los pocos casos conocidos. Invitamos especialmente a nuestros lectores a visitar el especial Sobreviviendo a la mutilación genital femenina en Colombia, que publicamos el año pasado. También a revisar el cubrimiento que le hizo la sección de género (ver aquí y aquí). Las voces de las víctimas deben retumbar en el país entero para que entendamos la importancia de que, como dijo Domicó, esto no sea una ley muerta.
Celebramos el trabajo del Congreso y la unión de congresistas de distintos partidos. Ahora el reto será la implementación. El próximo gobierno, sin importar quién llegue a la Casa de Nariño, debe reconocer la urgencia de adoptar medidas efectivas para proteger a las niñas y adolescentes colombianas.
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