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El presidente de la República, Gustavo Petro, debería objetar por inconstitucional e inconveniente la creación de la universidad de la Procuraduría. Esa es la petición que le hicieron múltiples figuras académicas del país y que suscribimos. El proyecto, que se debatió con afán y sin los estudios necesarios de factibilidad, crece innecesariamente una burocracia de por sí robusta, amenaza el principio de autonomía universitaria y es un penoso derroche de recursos en tiempos de vacas flacas. El aparente consenso con el que los congresistas aprobaron con entusiasmo la propuesta del procurador, Gregorio Eljach, despierta suspicacias y es necesario que se haga una reconsideración con cabeza fría.
En un Congreso acostumbrado al estancamiento, donde los proyectos de reforma propuestos por el Gobierno Nacional se truncan durante múltiples legislaturas, el procurador Eljach mostró su abrumadora influencia. El proyecto de ley que crea la universidad de la Procuraduría se presentó el 5 de agosto de este año y poco más de dos meses después ya había surtido los cuatro debates. Después, en la difícil discusión sobre el Presupuesto General de la Nación, donde se tuvieron que hacer múltiples recortes, el Ministerio Público, en cambio, salió premiado con mayor financiación. Es fundamental preguntarse por la idoneidad de la inversión de cuantiosos recursos.
En la carta de los académicos le piden al presidente Petro objetar el proyecto de ley por inconstitucional e inconveniente. Para sustentar su posición plantean tres argumentos.
El primero y más fuerte señala que “la idea misma de una universidad al servicio del Ministerio Público está atravesada por una contradicción insalvable: si lo que busca es formar a los empleados del Ministerio Público, entonces el Ministerio Público debe señalar cuáles son los programas académicos que deben ser impartidos, las investigaciones que deben ser desarrolladas y los estudiantes que deberían ser admitidos. Pero esto violenta la autonomía universitaria”. Es decir, no se puede hablar de una “universidad” en los términos que plantea la ley porque, para efectos prácticos, se está creando una entidad al servicio de la Procuraduría, que tiene control decisorio sobre el consejo superior y que va a buscar que se enseñen los temas de su interés. No se está creando una nueva universidad pública, aunque pretende financiarse como una, sino que se está expandiendo de manera considerable el centro de capacitación del Ministerio Público.
Los otros dos argumentos tienen que ver con recursos. En el segundo punto, los académicos mencionan que, por el afán del procurador, el proyecto de ley se presentó sin un estudio de su necesidad o viabilidad. Eso esquiva los requisitos normativos y además pone la lupa sobre un estruendoso fracaso similar: la universidad de la Fiscalía que se intentó crear durante la administración en esa entidad de Eduardo Montealegre. Si ya nos hemos estrellado en el pasado, un proyecto con tanto impacto merecía mayor discusión, controversia y buscar alternativas de mejoras para optimizar los recursos. Nada de eso ocurrió.
El tercer argumento consiste en que las universidades públicas enfrentan una crisis de desfinanciamiento y ahora hablamos de 50.000 millones de pesos anuales para la universidad de la Procuraduría. ¿Es una inversión conveniente? La carta concluye que no es así, y estamos de acuerdo. En tiempos de vacas flacas es necesario justificar mejor cada nueva inversión.
La necesidad de capacitar adecuadamente a los servidores públicos merece atención, pero no se logra con un proyecto improvisado, costoso y aprobado de afán. El presidente Petro debe darle chance al Congreso de reconsiderar mediante una objeción. El debate requiere responsabilidad.
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