El Gobierno del presidente Gustavo Petro logró el compromiso del Estado Mayor Central (EMC) de silenciar sus fusiles. El cese al fuego que por fin se pactó y empezó a regir desde ayer tiene, inicialmente, vigencia hasta el 15 de enero de 2024. Sin embargo, es prorrogable y esperamos que así sea: el esfuerzo monumental que está haciendo el Estado colombiano debe ser respondido con acciones concretas de paz para llegar al desarme de la disidencia de las FARC más numerosa que hay en el país. Llegamos a los diálogos, eso sí, con el sinsabor de la conocida arrogancia de los miembros del EMC y sus actos de violencia que acapararon las noticias los últimos meses. Sin ingenuidad y con mucha destreza, el equipo negociador del Gobierno puede hacer historia.
Hace unos meses el cese al fuego parecía ilusorio. A pesar de las promesas públicas realizadas por miembros del EMC, sus actos invitaban a pensar que no tienen vocación de paz. Los asesinatos de miembros de la Fuerza Pública y de civiles, las excusas anacrónicas de estar luchando por supuestas reivindicaciones sociales y su arrogancia frente a un Gobierno que desde el primer día les tendió la mano eran y siguen siendo señales preocupantes. No obstante, gracias a la insistencia de la administración Petro y a la constante fortaleza de las Fuerzas Armadas, los diálogos se instalaron. Esperamos que el cese al fuego perdure y los involucrados comprendan que la violencia nunca es la respuesta para un país que sueña con la paz.
En entrevista con Colombia+20 de El Espectador, Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno, explicó lo avanzado: “Los acuerdos que ya tenemos son cuatro: el acuerdo general de respeto a la población, un acuerdo especial de transformación territorial y acción social en el cañón del Micay, el de la vinculación de garantes internacionales, y el de lineamiento de la agenda. Sobre los protocolos tenemos el de reglas y compromisos, que es el de la regulación del cese al fuego, y el otro, el de mecanismos nacionales, regionales y locales”. La semana entrante está previsto un nuevo encuentro con el EMC y luego empezará la plenaria.
Dentro de las señales positivas de lo pactado hasta ahora queremos resaltar una: un comité técnico conformado por delegados de ambas partes, personal del Ministerio de Defensa y un observador militar y uno policial. Su labor será delimitar las zonas de presencia del grupo armado durante el cese al fuego. Este punto, que siempre es una disputa cuando hay diálogos de paz, invita a pensar que hay posibilidades de un acuerdo final. Adicionalmente, se instalarán mesas en las regiones más golpeadas por la violencia, como Cauca, Nariño, Guaviare, Caquetá y alguno de los santanderes. El mensaje a la ciudadanía es que el Estado quiere responder a la ola de violencia con soluciones estructurales.
No queremos pecar de exceso de optimismo, pues aún son muchos los factores que pueden estropear los esfuerzos. Solo insistimos en una idea: los miembros del EMC deben comprender que este Gobierno ofrece una oportunidad histórica para llegar a un acuerdo de paz. Si la desaprovechan, seguiremos bañados en sangre.
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