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Camilo González Posso, jefe de la delegación del Gobierno en el proceso que se lleva con el Estado Mayor Central, explicó a este diario algunos apartes y los alcances del decreto del cese al fuego que se acordó este lunes con esa disidencia de las antiguas FARC, con quien también se instaló la mesa de diálogos.
Según el documento, el alto al fuego empezará a las “00:00 horas del 17 de octubre de 2023 hasta las 24:00 horas del 15 de enero de 2024″ con posibilidad de prórroga.
El documento también especifica que entre los objetivos del cese está el respeto a la vida de grupos de especial protección, incluidos los firmantes del Acuerdo de Paz de 2016, promover la participación de la sociedad en el proceso, permitir el desarrollo de las elecciones regionales del 29 de octubre y crear las “condiciones para el cumplimiento de los acuerdos territoriales”.
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Según el decreto, en la mesa estarán los representantes autorizados por el Gobierno Nacional y la disidencia. Además, contará con un comité técnico conformado por delegados de ambas partes, personal del Ministerio de Defensa, y un observador militar y uno policial. Ese comité debe elaborar el protocolo donde se determinan las áreas de presencia de ese grupo armado durante el cese al fuego. De esta manera, se desempatanó la discusión sobre la georreferenciación de las tropas de ese grupo armado.Esto explica Gonzále sobre los alcances.
El decreto del cese al fuego que se conoció el lunes dice que la instancia nacional se va a instalar la próxima semana, ¿ya tienen una fecha concreta?
Tenemos la dificultad de que tenemos que trasladar a Bogotá a los delegados del Estado Mayor Central, pero tiene que ser entre jueves y viernes.
¿Cuándo será la instalación de las instancias regionales y locales y dónde?
Está previsto hacer la instalación de las cinco instancias regionales que estarán sobre todo en ciudades o cabeceras municipales de las áreas donde hay presencia de este grupo armado. La idea es que las instancias regionales queden instaladas en las próximas cuatro semanas. Las locales serán un poco más progresivas, pero esperamos que todo esté instalado en dos meses. La demora puede ser lo de siempre: los requisitos para levantar órdenes de captura a quienes sean delegados del grupo en esas instancias, y, por otro lado, las entidades internacionales también tienen que empezar a desplegar a su gente.
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¿Y en qué lugares será?
Podrían ser uno en Cauca, que es la que primero queremos instalar. También podría haber una Nariño, en Caquetá, en Guaviare; y otra más en Bucaramanga o en Cúcuta. Eso aún está por definirse.
Casi desde el principio de este proceso se sabe que la mesa de diálogos será itinerante. ¿Ya se conocen en qué zonas estará?
Hasta diciembre habrá tres sesiones plenarias en distintas regiones, comisiones mixtas permanentes por temas y también algunas sesiones extraordinarias. Tenemos convocado para la próxima semana una reunión sobre el Mecanismos de Veeduría, Monitoreo y Verificación y la siguiente semana sesión plenaria. Todavía no hemos definido si será público o no el sitio.
¿Qué protocolos y acuerdos faltan por negociarse?
Los acuerdos que ya tenemos son cuatro: el acuerdo general de respeto a la población, un acuerdo especial de transformación territorial y acción social en el cañón del Micay; el de la vinculación de garantes internacionales y el de lineamiento de la agenda. Sobre los protocolos tenemos el de reglas y compromisos, que es el de la regulación del cese al fuego; y el otro, el de mecanismos nacionales, regionales y locales. Esos ya están listos. Todos los firmamos.
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Vamos a completar la lista de protocolos con cinco que debemos trabajar este mesa: el protocolo de las áreas de presencia de la disidencia, el de comunicaciones, el de participación, el de pedagogía y el del funcionamiento de la mesa.
La Misión de Verificación de la ONU aún no tiene el mandato del Consejo de Seguridad para verificar el cese al fuego, ¿seguirá como acompañante mientras eso ocurre?
Vamos a tener una presencia provisional de la Misión mientras se da ese mandato.