¿Qué está pasando en el Cauca?

Ni una alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, ni una denuncia hecha en un consejo de seguridad, ni un esquema de protección de la Unidad Nacional de Protección (UNP), ni un video pidiendo respeto y seguridad sirvieron para evitar una tragedia anunciada: el asesinato de Karina García, candidata a la Alcaldía de Suárez, en el norte del Cauca. Con ella también fueron ejecutadas seis personas, que se unieron a otras seis víctimas de homicidios en menos de 24 horas en esa región del país. ¿Qué está pasando y por qué el Estado no puede hacer nada para intervenir?

En un video retomado por Blu Radio, García, candidata por el Partido Liberal, había hecho varias denuncias preocupantes. Contó que varias personas afines a su campaña iban para el corregimiento de La Betulia, para colgar publicidad de su campaña, cuando fueron interceptadas por gente armada que les dijo que no podían hacerlo. También dijo que les pedía “a los otros candidatos que no sigan haciendo comentarios irresponsables acerca de mi candidatura a estos grupos armados como, por ejemplo, que voy a traer a los paramilitares, a las multinacionales, o que les voy a quitar las tierras a la gente. ¡Por Dios! No sean irresponsables, esto me puede traer consecuencias incluso fatales”. No deja de ser increíble ver este tipo de declaraciones en retrospectiva; gritos de auxilio que no fueron atendidos y que terminaron en la peor conclusión posible.

La Defensoría del Pueblo, como en tantos otros momentos en todo el país, venía acompañando el caso y había emitido una alerta temprana. Como en tantos otros casos, no sirvió para mucho, pues las autoridades fueron incapaces o mostraron su desidia para prestar la protección debida.

No sobra recordar que, en el mismo video, García había hecho una pregunta que hoy cobra más fuerza: “Y al alcalde (Hernando Ramírez), ¿si fuera otro candidato al que le estaría pasando esto, o si fuera el candidato de la administración, estarían actuando con la misma omisión que hoy lo hacen?”. ¿Quién responde?

En la zona se conoce la presencia de una disidencia de las Farc, conocida como Jaime Martínez. Este año han sido múltiples las denuncias de comunidades indígenas y pobladores sobre hostigamiento, presencia de actores armados ilegales y ausencia estatal. El asesinato de García y las personas que viajaban con ella demuestra un escalamiento angustiante de la violencia. Unas horas antes habían sido halladas tres personas asesinadas con bolsas en la cabeza, y se reportaron otros tres homicidios.

La alerta temprana de la Defensoría dice que “otros factores claves para la terminación del conflicto no avanzan facilitando así la entrada de nuevos grupos armados al margen de la ley, reconfigurados y/o en proceso de expansión, que han venido copando territorios estratégicos para las economías legales, como las extractivas, monocultivos y concentración de tierras para su renta e ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal”. El diagnóstico es conocido. ¿Cuál será la solución del Gobierno y las autoridades para que no ocurran de nuevo hechos como el de García?

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