La propuesta de quitarle tres ceros al peso colombiano, aunque llega tarde en el ciclo de este gobierno y ya le corresponderá debatirlo al nuevo Congreso que se elija en dos semanas, nos parece adecuada. Es, además, una oportunidad dorada para dar un debate mucho más importante para el país: ¿cómo desincentivar el uso de la moneda física para darle una estocada final a la informalidad?
Fue Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, quien hizo la propuesta para cambiar la denominación de los billetes. En el marco de las incautaciones de bienes presuntamente pertenecientes a las Farc, el funcionario dijo que los billetes de origen ilícito que estén escondidos, “si dejan de ser monedas, se van a quedar encaletados, con lo cual les quitamos toda la riqueza criminal a todas las organizaciones que han acumulado patrimonio ilícito”.
Con notable entusiasmo, el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, apoyó la medida, pero le agregó su propio argumento. “La idea de eliminarle tres ceros a la moneda colombiana es muy buena, nos va a facilitar la vida, va a hacer más sencilla la contabilidad de las empresas (...) y ahora que tenemos más turistas extranjeros, pues va a facilitar también el cambio de monedas”, explicó. Esto hace referencia a la reducción de costos de transacción, un objetivo loable que respaldamos.
Por su parte, el presidente, Juan Manuel Santos, anunció que presentará un proyecto de ley el 16 de marzo para hacer el cambio en la moneda. Como explicó el gerente general del Banco de la República, Juan José Echavarría, en entrevista con Caracol Radio, “lo más económico y lo menos traumático para el país sería comenzar la transición en 2020 y hacerlo poco a poco durante tres años. Así el proyecto costaría 0,4 % del PIB, cerca de $400.000 millones, si se hace la reconversión de metales”.
En efecto, si los estudios indican que reducir los ceros va a permitir combatir la ilegalidad, además de reducir los costos de transacción, $400.000 millones no es una cifra demasiado elevada para tal fin. No obstante, falta en la propuesta un argumento clave.
Santiago Montenegro, columnista de El Espectador, escribió el lunes último que las medidas que se tomen “deben estar enmarcadas dentro de una política más general que ataque frontalmente el problema estructural más grave de la economía colombiana: la informalidad. En este sentido, la política debe tener como objetivo reducir y, eventualmente, eliminar el uso del efectivo, comenzando por los billetes de alta denominación”. De acuerdo.
Los esfuerzos que los distintos gobiernos vienen haciendo contra la informalidad, si bien no han fracaso de manera estruendosa, sí están estancados. Múltiples estudios han demostrado ad nauseam que mientras Colombia siga siendo informal, no se van a recaudar los impuestos que se necesitan, no se van a fortalecer las instituciones, seguirá existiendo una gran desigualdad (las mujeres, por cierto, son el grupo poblacional que más vive en la informalidad) y los derechos de los trabajadores no podrán ser protegidos de manera integral. ¿Qué tal si se incentiva la digitalización de todos los intercambios comerciales?
No se trata, por cierto, de una utopía. Montenegro menciona el ejemplo de India, un país con condiciones muy similares a Colombia, donde se ha logrado que mil millones de personas se inscriban en una plataforma digital para manejar el dinero. Un primer paso es desincentivar el uso de la moneda real evitando la existencia de billetes de alta denominación, como el de $100.000.
Es inocuo dar vueltas y vueltas sobre los mismos debates, pues la tecnología evoluciona y el país se estanca. Ya que está sobre la mesa un cambio importante en la moneda, seamos más ambiciosos: cambiemos la manera en que los colombianos interactúan con el dinero.
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Por El Espectador
