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La decisión de la Secretaría de Movilidad de Bogotá de seguir adelante con el proceso de renovación de los semáforos de la capital, a pesar de las serias denuncias y evidencias sobre posibles irregularidades que cometió el consorcio ganador, luce apresurada y podría terminar resultando bastante costosa para la ciudad. El escudarse en que “no somos autoridad para definir si la información es válida”, como dijo el alcalde Enrique Peñalosa el pasado lunes para hacer caso omiso de los cuestionamientos, no parece concordar con el carácter técnico e intolerante a la corrupción con que sustenta todos sus proyectos.
Es entendible, por supuesto, la urgencia del Distrito de no seguir aplazando la necesaria modernización del sistema semafórico bogotano y es cierto también que siempre que se surte un proceso licitatorio quienes resultan descartados despliegan toda suerte de reparos al ganador, las más de la veces con la intención de demorar la ejecución a la espera de tener una segunda oportunidad o de exigir reparaciones monetarias. En este caso, empero, la gravedad y contundencia de las acusaciones, que hacen ya parte de una denuncia penal, no aconsejan descargar toda la responsabilidad en los entes de control y en el entretanto seguir adelante como si nada.
La denuncia, revelada inicialmente por El Espectador a comienzos de este año (ver: “Contrato de semáforos en Bogotá: ¿lo ganaron con documentos alterados?”), señala que la firma argentina Sutec —accionista mayoritaria, con el 99 %, del consorcio ganador, Movilidad Futura 2050— al parecer presentó estados financieros alterados para cumplir los requisitos y ganar la licitación. Se trata de los balances del año 2016 que la empresa radicó ante las autoridades argentinas (donde está su casa matriz) y los que presentó a la Cámara de Comercio de Bogotá. Al compararlos son evidentes las diferencias en las cifras y en las firmas de los que supuestamente validan la información.
El propio representante legal de la firma, en un documento que envió en abril pasado a la Secretaría de Movilidad, no sólo reconoció que los documentos radicados en Argentina (que respaldan la denuncia) son reales, sino que admitió inconsistencias en los que presentó en la licitación, al señalar que están adelantando una investigación interna para saber qué ocurrió. Adjuntó además en ese mismo documento unos estados financieros nuevos, corregidos y elaborados en marzo de este año (sin validación de las autoridades argentinas), en los que incluye dineros que aspiran a obtener mediante una demanda en Argentina, que apenas está en etapa de instrucción. Con esto pretende argumentar de forma extemporánea que, a pesar de todo, Sutec cumple con las condiciones del contrato.
El riesgo en el que se pone a la ciudad con la decisión de seguir adelante no es de poca monta: se trata de un contrato por $173.000 millones, cifra que podría duplicarse en caso de que el consorcio que perdió la licitación demuestre que fue debido a las maniobras de Sutec, como lo ha denunciado ante la Alcaldía y la Fiscalía, y decida demandar a la ciudad en busca de una indemnización.
Dado este contexto preocupante, cabrían un par de llamados. El primero, claro, al Distrito para que piense en la conveniencia de tanto afán para dar inicio al contrato. Nadie duda de la urgencia de esta modernización, pero para una licitación que ha tenido toda suerte de complicaciones durante más de diez años, unos días de más en aras de la mayor transparencia no parecerían sobrar. Siempre y cuando, y aquí viene el segundo llamado, la Fiscalía entienda la importancia de acelerar por lo menos el peritazgo pendiente para descifrar técnicamente la posible falsedad en que pudo haber incurrido Sutec y que a simple vista luce patente.
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Por El Espectador
