Sin justicia por vencimiento de términos

En Colombia, los procesos de alta envergadura no son noticia por una sentencia absolutoria o condenatoria sino porque se vencieron los términos. / Foto: Archivo El Espectador

Algo no está funcionando bien en la justicia colombiana cuando los procesos de alta envergadura para el país no son noticia por una sentencia absolutoria o condenatoria sino porque se vencieron los términos. Eso es claro. La pregunta abierta es quién tiene la responsabilidad: ¿la Fiscalía? ¿Los jueces? ¿Los defensores de los implicados? ¿Todos los anteriores?

Esta semana quedaron en libertad Carlos Palacino y Francisco Ricaurte. El primero ha sido señalado de haberse apropiado de casi $400.000 millones en favor de terceros. El segundo ha sido acusado por los delitos de concierto para delinquir, cohecho, tráfico de influencias y uso abusivo de información privilegiada, en el escándalo que se llegó a conocer como el cartel de la toga, uno de los golpes reputacionales más significativos a la justicia del país. Ahora ambos están libres por vencimiento de términos. El Consejo Superior de la Judicatura anunció una investigación para averiguar quién tiene la culpa de esta situación.

La ocurrencia tan común de los vencimientos de términos en estos y tantos otros casos es una muestra de que el sistema penal acusatorio, traído a Colombia con el propósito de agilizar la justicia, ha fracasado en sus propósitos. Aunque sin duda ha marcado diferencia con el modelo anterior, en la actualidad los jueces y fiscales están colapsados de trabajo, lo que los lleva a descuidar los procesos. En ese contexto, es apenas esperable que los casos se dilaten hasta que los términos se venzan.

Eso, sin embargo, no es excusa válida. ¿Cómo es posible que la Fiscalía descuide casos tan emblemáticos como el de Palacino, en el cual no ha habido avances durante años, pese a la gravedad de lo investigado? Si bien el ente investigador ha intentado exculparse, es necesario hacer la pregunta de por qué no parece tener las capacidades de evitar que los casos terminen en vencimiento de términos. ¿Se debe únicamente a un superpoder de las defensas? ¿Eso quiere decir que, en la práctica, la Fiscalía está en riesgo de perder cualquier caso si en la defensa hay un abogado lo suficientemente habilidoso como para explotar el sistema penal? Eso envía un mensaje frustrante a los colombianos, que ya de por sí desconfían por la impunidad que perciben como omnipresente.

Cabe preguntarles también a los jueces si están usando todas las herramientas a su disposición para interrumpir las maniobras dilatorias que suelen emplearse. ¿Por qué no utilizar la suspensión de términos cuando en la defensa aprovechan cualquier excusa para apelar y demorar los procesos? Los magistrados del país no pueden andar con las manos atadas cuando haya quienes quieren abusar de la justicia.

Finalmente, también cabe la pregunta a los abogados que defienden sus maniobras en la idea de un “debido proceso”. Sí, el derecho a la defensa es fundamental en Colombia, pero también hay una responsabilidad ética y disciplinaria de no interponer recursos ridículos y temerarios. ¿Cuántas firmas no hinchan su pecho con orgullo por su capacidad para sabotear procesos? Eso es, también, fallarle al país.

Los casos de Palacino y Ricaurte no se han cerrado, pero deben servir como una campanada de alerta. Todos los involucrados, en vez de andar culpándose entre sí, harían bien reflexionando y haciendo lo necesario para que estas situaciones no sigan siendo la ley.

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