Aunque la eventual caída del aumento del salario mínimo era predecible por la forma en que fue decretado por el Gobierno de Gustavo Petro, la suspensión provisional ordenada por un magistrado del Consejo de Estado sumerge al país de manera irresponsable en la incertidumbre. Más de un mes después de iniciado el año, cuando las empresas del sector privado y las entidades del sector público ya hicieron los ajustes necesarios para responder a las nuevas realidades económicas, el tribunal administrativo toma una decisión que no es permanente, que despierta muchas dudas y que le inyecta caos a los procesos electorales. La Casa de Nariño debe estar dispuesta a una concertación rápida y reflexiva, porque de lo contrario la inestabilidad se tomará a Colombia estos meses.
Cuando el presidente Petro anunció el aumento del salario mínimo, la cifra dejó atónitos a todos los involucrados. El 23,7 % estaba lejos de lo propuesto por sindicatos y empresarios y buscaba, según la Casa de Nariño, corregir de un solo golpe múltiples desequilibrios históricos. Desde los 80 y los 90 el país no veía un aumento del mínimo en el rango del 20 %, y en ningún momento estuvo más de cuatro puntos por encima de la inflación del año anterior. En este caso, el aumento real fue de 18 %, un gesto con aroma populista que causó múltiples problemas. Como explicó en entrevista con El Espectador el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, “los datos de enero de inflación son malos y son parecidos a los que estábamos esperando después de las sorpresas que hubo a finales del año pasado”. El Gobierno duró buena parte del inicio del año luchando en vano por argumentar que sueldos más elevados no encarecen los costos de producción y de prestación de servicios.
A pesar de lo anterior, la decisión del Consejo de Estado también dejó pasmado al país. El magistrado Juan Camilo Morales Trujillo suspendió provisionalmente el Decreto 1469 de 2025 porque, a su parecer, el Gobierno no cumplió con “los parámetros legales expresamente definidos por el legislador”. Además, argumentó que era necesario tomar la medida cautelar para garantizar que la eventual decisión del Consejo de Estado pueda surtir efectos y que no hacerlo “podría vaciar de contenido el control judicial”. En palabras más sencillas, como el tribunal administrativo es conocido por el tiempo que tarda para tomar decisiones de fondo, ahora prefiere que el país se hunda en la incertidumbre mientras llega ese momento.
El magistrado Morales Trujillo tomó una decisión que despierta muchas preguntas. ¿Qué ocurrirá con los sueldos que ya se modificaron? ¿Qué pasa si el nuevo salario mínimo tiene un aumento inferior y eso modifica la realidad material de los empleados? ¿Tendremos, entonces, dos salarios mínimos operando al tiempo según el criterio de cada empresa y cada negociación? ¿Le parece razonable a un solo magistrado causar tanto caos en un asunto esencial y que influye en múltiples aspectos de la economía colombiana? Si el aumento del salario fue un exabrupto, esta decisión no se queda atrás.
El Gobierno tiene ahora ocho días para llevar a cabo una concertación. Aunque necesitamos prudencia que lleve a la estabilidad, el presidente Petro recibió la decisión del Consejo de Estado con un mensaje: “El gran capital dirá si al fin quiere un pacto social, que no es a su medida, o el enfrentamiento social y político”. Al mismo tiempo, la Casa de Nariño y otros líderes políticos convocaron a manifestaciones populares. En tiempo electoral, los incentivos para promover el descontento abundan. Gracias a esta decisión, el país queda en suspenso.
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