Tan pronto la Corte Suprema de Justicia (CSJ) nombró a Francisco Barbosa Delgado como nuevo fiscal general de la Nación, el hasta entonces consejero para los Derechos Humanos de la administración de Iván Duque debió cambiar de mentalidad. Lo que la Constitución, la ley y los colombianos esperan de un funcionario de tan alto nivel es que, pese a haber sido nominado directamente por el presidente, entienda que su cargo requiere absoluta autonomía. No hay otra manera de recubrir con legitimidad el ente investigador.
En mayo del año pasado, el entonces fiscal, Néstor Humberto Martínez, decidió patear la mesa, armar un escándalo innecesario y renunciar, aparentemente en protesta por una decisión de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Con ese acto resumió varios de los problemas que vienen plagando a la Fiscalía desde hace años: irrespeto por la justicia transicional, ejercicio indiscriminado de los juicios mediáticos y una pérdida de legitimidad ante los colombianos. La tarea de Barbosa es revertir el paso y profundizar los avances que ha tenido el ente investigador.
Al momento de su elección, Barbosa anunció que una de sus prioridades será colaborar con la justicia transicional. Esperamos que así sea. El país ha perdido demasiado tiempo viendo cómo los choques de trenes sabotean la promesa del Acuerdo de Paz de contarles a los colombianos qué ocurrió durante los años del conflicto. Una JEP trabajando en armonía y colaboración con la Fiscalía beneficia a ambas instituciones.
Otro lugar donde Barbosa debe mostrar autonomía es la lucha contra los homicidios, en particular al momento de investigar el exterminio de líderes sociales. En este tema, el nuevo fiscal aterriza con un antecedente preocupante: durante su paso por la administración Duque utilizó de manera poco rigurosa las cifras de líderes asesinados para promover la idea de que es una lucha en la que hay grandes avances. La Fiscalía no puede estar al servicio del discurso oficial que provenga de la Casa de Nariño. Sus investigaciones y la presentación de sus hallazgos deben servirle al país para poder entender, sin atenuantes, la magnitud de los problemas. Solo así podemos encontrar maneras de solucionarlos.
En cuanto a la legitimidad perdida, no tiene presentación que más de la mitad (51 %, para ser exactos) de las acusaciones hechas por la Fiscalía terminen en absoluciones. Eso, unido a la mala práctica de utilizar los micrófonos de los medios de comunicación para armar escándalo cada vez que se inicia una investigación o se realiza una imputación, genera desconfianza en los colombianos. Necesitamos un ente investigador más responsable con los procesos, con los mensajes que envía al público y, sobre todo, que obtenga mejores resultados.
Le deseamos lo mejor a Barbosa, una persona que tiene los estudios para respaldar su nombramiento: estudió derecho en la Universidad Sergio Arboleda y es reconocido por su trayectoria académica. Tiene especializaciones en las universidades Externado y Jorge Tadeo Lozano, dos maestrías, de la Javeriana y del Externado, y un doctorado en derecho público de la Universidad de Nantes (Francia). Esperamos que eso, sumado a su experiencia, sirva para darle al país una Fiscalía moderna, protagonista en los debates de política criminal con un ojo crítico y alejada de los reflectores políticos.
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Por El Espectador
