Sigue la crisis de seguridad en Santa Marta. Después de los días de zozobra que vivieron los ciudadanos por el paro armado decretado por las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, una fuga de 41 personas detenidas por la policía despierta muchas preguntas sobre las capacidades institucionales en la capital de Magdalena. Los anuncios del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, son bienvenidos, pero no deben reemplazar el actuar eficiente de la Fiscalía para identificar responsabilidades y explicarle al país exactamente cómo ocurrió este desastre.
La fuga se trata de un claro revés para las promesas del nuevo Gobierno en torno a la seguridad. Las 41 personas que se fugaron habían sido llevadas al Centro de Traslado por Protección en respuesta al interés de reubicar a las personas privadas de la libertad que pueden ser peligrosas para Santa Marta. Esta fue una de las medidas anunciadas por el gobierno De la Espriella cuando, hace unas semanas, hizo presencia en la capital de Magdalena para responder al paro armado. Entonces, un traslado realizado como mecanismo de prevención terminó sirviendo como vulnerabilidad para que la institucionalidad de Santa Marta quedara humillada públicamente. ¿Cómo es posible que pase algo así?
En su cuenta de X, el presidente De la Espriella escribió que no acepta “en la Fuerza Pública a quienes carezcan del coraje y la determinación para enfrentar el crimen y los desmanes como corresponde. En este Gobierno la cobardía no tiene cabida”. Por eso, dijo que “el coronel de la Policía Yeison López será llamado a calificar servicios por su responsabilidad en la fuga de 41 detenidos por hurto, microtráfico y otros delitos del Centro de Traslado por Protección; por no informar oportunamente sobre estos hechos, y por no tomar las medidas correspondientes frente al bloqueo de ayer de la vía Santa Marta-Barranquilla, a la altura de Tasajera”. También le pidió tranquilidad a la ciudadanía y afirmó que entre los fugados hay dos cuya captura debe ser urgente: alias Mongolo, presunto integrante de las Autodefensas Conquistadoras de la Sierra Nevada, y alias Guajiro o Johan, señalado por el asesinato de un policía el 31 de octubre de 2025, en el municipio de Ciénaga.
El coronel López llevaba apenas un mes en su cargo en Santa Marta. A este llegó con más de 26 años de experiencia en la institución. Si bien la ira del presidente De la Espriella es comprensible, la Casa de Nariño debe darle más explicaciones al país sobre la “responsabilidad” del coronel en la fuga. No solo porque se trata de un funcionario con larga trayectoria, sino porque hay que comprender qué fue lo que falló en la cadena de mando y cómo ocurrió exactamente la fuga. La Fiscalía debe tomar la palabra y contarle al país cuanto antes lo que logre averiguar sobre los hechos. En cuanto al recambio en el mando, esa acción no puede reemplazar una estrategia integral que comprenda la influencia de los grupos criminales en Magdalena y cómo han penetrado la corrupción. El alcalde de Santa Marta, Carlos Alberto Pinedo Cuello, y la gobernadora del departamento, María Margarita Guerra Zúñiga, tampoco pueden pasar de agache en sus responsabilidades políticas por el desastre que hace sufrir a los samarios.
Santa Marta lleva muchos años sometida a estructuras invisibles de poder que se hacen sentir con extorsiones, amenazas y silencios cómplices. ¿Cómo vamos a reconstruir la institucionalidad para que pueda hacerle frente a ese problema tan complejo?
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