El sistema penitenciario y de justicia de Colombia está bajo asedio. El sábado, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, denunció el asesinato de un miembro del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) mientras solicitó la declaratoria de emergencia carcelaria. A las pocas horas, Tuluá (Valle del Cauca) se llenó de violencia y terror, con varios atentados que dejaron muerto a un agente de tránsito y herido a otro, todo porque una banda criminal está molesta por capturas recientes. Hace apenas unos días, en Cúcuta (Norte de Santander) se difundió un video de criminales pidiendo que no toquen a su jefe dentro de la cárcel porque cometerán actos de violencia para defenderlo. Es momento de redoblar esfuerzos para evitar que el caos siga creciendo.
Es cierto lo que dice el Gobierno Nacional: la andanada de violencia es un resultado directo de los resultados positivos que ha conseguido la fuerza pública. Las capturas de cabecillas de varias bases criminales han sido respondidas con un recrudecimiento de los ataques. Tuluá lo comprueba. El presidente de la República, Gustavo Petro, fue preciso en una publicación de X: “La banda La Inmaculada ha retado a la sociedad. Sus jefes están presos. No aceptamos el chantaje”. Se refiere a Mauricio Marín Silva, alias Nacho, quien quedó en libertad por vencimiento de términos en 2022 solo para ser capturado de nuevo hace poco por dirigir la organización criminal. En la cárcel también está su hermano, alias Pipe Tuluá. Ambos han dirigido La Inmaculada, que ahora intenta atemorizar a la población y a las autoridades. La respuesta debe ser la que se viene dando, de fortaleza y vehemencia. La gobernadora del Valle, Dilian Francisca Toro, dijo que “más de 120 hombres del Ejército llegan a cumplir con la misión sagrada de proteger a los ciudadanos”. Era necesario.
El problema, claro, es que no se trata de un caso aislado. En la mañana del sábado, Jesús Cárdenas, miembro del Inpec, fue asesinado a la salida de la cárcel de Cartagena. También se presentó un atentado en Jamundí, que se suma al video que comentamos de Cúcuta. Como dijo el ministro Osuna, “ha habido estas últimas semanas unos golpes contundentes a cabecillas de estructuras criminales armadas de alto impacto. Eso ha traído como represalia varios atentados contra funcionarios del INPEC. No lo vamos a permitir de ninguna manera”. Por eso, pidió decretar la “emergencia carcelaria de tal modo que tengamos herramientas adicionales para proteger la seguridad de los guardianes del Inpec y de todo el sistema penitenciario. Las estructuras criminales tienen que saber que el Estado de derecho prevalecerá”. Estamos de acuerdo con el llamado. No es momento de sucumbir a las presiones de los violentos.
Nos unimos al duelo de las familias de las personas asesinadas en el cumplimiento de su deber. Todas las personas que trabajan en la fuerza pública y en el sistema penitenciario son defensoras de la institucionalidad y merecen la protección de sus vidas. Como dijo el presidente, por ellos, el país no puede dejarse chantajear de los violentos.
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