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Como si faltase evidencia para comprobar que la estrategia del gobierno pasado en su guerra contra las drogas fue un fracaso, el informe del 2021 de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) pinta un panorama desolador. No solo se trata de que el Gobierno de Iván Duque convirtió en el centro de su discurso la lucha agresiva contra la droga y los grupos del narcotráfico, sino que su hostilidad hacia otros proyectos, como la sustitución de cultivos de manera voluntaria y el cumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz con las Farc, hizo que perdiéramos cuatro años que pudieron ser mucho más proactivos. Paradójico: el presidente que llegó a la Casa de Nariño gracias a sus críticas por tener un país nadando en coca nos dejó en una condición similar. Más argumentos para que el diagnóstico del actual mandatario, Gustavo Petro, sea validado.
Las cifras: en el 2021 terminamos con 204.00 hectáreas de coca en el país, 61.000 más que el año anterior. La erradicación manual, además, disminuyó en un 21 %, pasando de 130.147 hectáreas a 103.257. Tal vez el dato más diciente en cuanto a la estrategia antidrogas, evidencia de que Colombia parece un animal que se persigue la cola, es que, mientras en 2020 hubo una producción de 1.228 toneladas de cocaína (una cifra de por sí altísima), en el 2021 la producción llegó a las 1.400 toneladas. ¿Cómo no hablar de un negocio del narcotráfico que va viento en popa?
A pesar de que el Gobierno de Iván Duque hizo muchos esfuerzos por posicionar la estrategia de Ruta Futuro, los datos de la UNODC muestran que tanto la producción de hoja de coca como la de cocaína creció en siete de las ocho regiones donde se encuentran sembrados en el país. Solo en la Orinoquia, los sembrados aumentaron en un 157 %. Lo dicho: un fracaso rotundo.
Los problemas ya los conocemos: allí donde hay sembrados ilegales de hoja de coca se crean comunidades dependientes de los grupos de narcotraficantes, aumentan la violencia y las disputas por el territorio, se consolida el poder económico y de influencia de quienes trafican con la cocaína y además el aumento generalizado de la producción de cocaína convierte a Colombia en un paria internacional, acusado de ser el culpable (de manera hipócrita, por cierto) del aumento del consumo en países como Estados Unidos y varios de Europa que reciben nuestras exportaciones.
¿Qué podemos hacer, entonces? Para comenzar, reconocer que el incumplimiento de lo pactado en el Acuerdo de Paz y la incapacidad del Estado para ejercer el monopolio de la fuerza en todo el país abrió la puerta para nuevos grupos armados ilegales que, en 2021, ya estaban consolidadísimos y eran capaces de “proteger” las rutas del narcotráfico. Segundo, ver que la lucha agresiva y el abandono a las comunidades cocaleras no sirve de mucho ante la abundancia de incentivos perversos.
En ese sentido, el discurso del presidente Petro es bienvenido, pero aún vemos lejos un cambio global en la lucha contra las drogas. Mientras tanto, habrá que hacer lo que sabemos que funciona: empoderamiento de las comunidades (que el Gobierno actual ya empezó a hacer), erradicación voluntaria y presencia del Estado (en lo que seguimos fallando). No hay de otra para un país que sigue nadando en coca.
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