La marihuana recreativa

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La Comisión Primera del Senado acaba de aprobar en primer debate un proyecto de ley que regula el uso de la marihuana recreativa.

En contra de esa iniciativa se ha dicho que la adicción afecta la salud física y mental del consumidor, perjudica su vida estudiantil y laboral, destruye sus lazos familiares y perturba las relaciones sociales. También se afirma que, en lugar de reglamentar su consumo, el Estado debería dirigir sus esfuerzos a la puesta en funcionamiento de centros multidisciplinarios de atención para rehabilitar a los adictos, y en planes que permitan brindar alternativas a quienes por necesidades económicas terminan involucrados en el mundo de las drogas.

La fuerza de esos argumentos ante la opinión pública radica, de una parte, en que están construidos a partir de situaciones reales, de tal manera que resulta fácil relacionarlos con el caso de alguien que por culpa del consumo de drogas dejó sus estudios, abandonó su familia y terminó en la indigencia o delinquiendo. Pero, de otro lado, su fortaleza está basada en la falsa generalización de que todos los usuarios de marihuana se comportan de esa manera, lo cual no es cierto; estos son los denominados consumidores problemáticos, pero hay una gran cantidad de ellos a quienes el uso de la yerba no altera su vida personal, familiar y social.

A partir de esta diferenciación es evidente que la atención debe ser distinta para cada uno de estos grupos. Mientras para los adictos es necesario que el Estado les proporcione ayuda profesional mediante su inclusión en programas de rehabilitación, los consumidores ocasionales solo necesitarían librarse de los peligros de una marihuana sobre cuya calidad no existe control y de los asociados a la necesidad de adquirirla en un entorno delictivo.

El problema radica en que, para poder diferenciarlos y brindarle a cada uno de ellos la ayuda que necesita, lo primero que debe hacerse es regular su utilización recreativa, porque mientras la adquisición de la marihuana sea un delito, nadie va a reconocer abiertamente su condición de usuario de ella y, por consiguiente, las probabilidades de ayudarle disminuyen drásticamente.

Si el uso de la marihuana se regula, la primera consecuencia será que quienes deseen recurrir a ella podrían adquirirla en sitios autorizados con la seguridad de que no es una sustancia alterada, y sin los riesgos que se derivan de tener que comprarla a bandas criminales que los exponen a otra clase de peligros asociados al trato mismo con esas organizaciones.

El segundo efecto de esa regulación sería el de facilitar la identificación de quienes tienen problemas de adicción, lo que permitiría incluirlos en programas de rehabilitación.

Una tercera ventaja es que, al quedar en manos del Estado el control de la distribución y comercialización de la marihuana, dejaría de ser un negocio rentable para la delincuencia ante la opción de comprarla de manera lícita y segura en establecimientos autorizados. La aprobación de esta ley sería un primer ejemplo de la importancia de una antigua regla de política criminal: cuando el delito es buen negocio, la mejor forma de combatirlo es convertirlo en un mal negocio.

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