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En respuesta al editorial del 28 de diciembre de 2025, titulado “Colfuturo y la agresividad del presidente”.
Frente a las críticas de la derecha y sus votantes respecto a la decisión del Gobierno del presidente Gustavo Petro de no seguir financiando el modelo tradicional de Colfuturo, surgen contradicciones tan profundas que cabe preguntarse si son conscientes de ellas. En primer lugar, es fundamental aclarar que el Gobierno no ha desfinanciado la educación, sino que ha decidido desconcentrar los fondos para que un solo operador privado no sea el receptor exclusivo de los recursos públicos destinados a la educación superior.
Resulta cuestionable por qué a la derecha le molesta que se democraticen dineros que pertenecen a todos los colombianos; parece ser una muestra más de una oposición obstructiva que ni hace ni deja hacer. No es práctico ni inteligente que una institución privada concentre una parte tan significativa del presupuesto nacional, especialmente cuando los datos son contundentes: entre 2014 y 2022, el 80 % de los beneficiarios se concentró en Bogotá y apenas 14 departamentos, mientras que el 60 % de las ayudas fue captado por los estratos cuatro, cinco y seis. ¿Cómo se puede defender un modelo que excluye a la mayoría del país? El Estado colombiano es soberano para decidir que no financiará más los estudios de posgrado de las élites socioeconómicas con el dinero de las clases populares.
Por otro lado, la derecha cae en un cinismo absoluto al traicionar su supuesta visión neoliberal y privatizadora: ¿no sostienen siempre que el Estado no debe inmiscuirse en el sector privado? ¿O es que ahora el apoyo estatal y los subsidios sí son bienvenidos cuando benefician a sus propios círculos y familiares? Bajo su propia lógica de “trabajen, vagos”, cabría preguntarse por qué no financian sus estudios con el fruto de su propio esfuerzo en lugar de depender del erario.
En contraste, el Ministerio de Educación ha implementado desde 2023 un nuevo mecanismo con el Icetex orientado a descentralizar el acceso y priorizar a los estratos uno, dos y tres, logrando que entre 2023 y 2025 la cobertura llegue a 17 departamentos, con incrementos reales en regiones históricamente olvidadas como Cauca, Córdoba, Nariño y Chocó. Es paradójico que quienes proponen recortar el Estado, eliminar ministerios y privatizar todo hoy se quejen por esta reorganización.
Desde una visión de equidad, los subsidios deben enfocarse en los más vulnerables y en áreas del conocimiento que el país realmente requiera para su desarrollo; Colombia no necesita seguir subsidiando posgrados en Derecho, Administración o Psicología para los estratos más altos, áreas que ya presentan una saturación de profesionales. La solución, a pesar de las contradicciones de la derecha, radica en fortalecer lo público, invertir en los estratos más bajos y exigir coherencia a quienes pregonan la meritocracia pero dependen del auxilio estatal para mantener sus privilegios.
Por Laura Mendoza
