El presidente electo sí debía posesionarse en zona militar

"Tal vez nadie tenga mejor derecho que Abelardo de la Espriella a reclamar su derecho de posesionarse así como presidente de la República": Jorge Gaviria Liévano.

Foto: AFP

En respuesta al editorial del 26 de julio de 2026, titulado “El presidente electo no debe posesionarse en zona militar”.

Tal vez nadie tenga mejor derecho que Abelardo de la Espriella a reclamar su derecho de posesionarse así como presidente de la República. Con ello pone de presente dos de los principios que considera fundamentales que debe rescatar: el primero, minimizar el significado eminentemente civil de las últimas y de todas las elecciones; el segundo, asociar con ese gesto de alto simbolismo su personal devoción por la utilización de la fuerza, tal como históricamente lo ha proclamado la doctrina y la práctica de las derechas extremas, antiguas y nuevas.

Pero para quien reclama como su propio derecho ese privilegio puede haber problemas. Las Fuerzas Militares, que no son cuerpos deliberantes, entienden que lo que garantiza el respeto de los ciudadanos hacia ellas es precisamente que el pueblo les ha conferido el privilegio de detentar el monopolio de las armas para que jamás las usen indebidamente contra ellos. Entonces, la propuesta, proveniente de un personaje emergente del mundo político, es algo que algunos militares pudieron ver como una velada invitación a desvirtuar su naturaleza institucional, tan celosamente cuidada por ese cuerpo armado.

El comandante constitucional de las Fuerzas Armadas podrá identificar cuáles son los ciudadanos contra quienes los militares deben apuntar las armas de la República sin necesidad de soportar su señalamiento en pruebas legales de ninguna clase. No está obligado a ello. Simplemente sería una decisión por consideraciones personales o motivos que estime de interés público, de seguridad nacional, de necesidades en la lucha contra el narcoterrorismo o en ineludibles directrices extranjeras. Nada más.

Muchos militares serios y conscientes de su papel en la sociedad colombiana pudieron haber considerado que la posesión presidencial ante ellos, lejos de ser un homenaje, representó una falta de respeto a su institucionalidad, alejada tradicionalmente de los intereses políticos; saben bien, como la historia del país y del mundo se los ha enseñado, que mezclarse con sus armas en la mano en los terrenos de ciertos políticos audaces es dar al traste con su probada seriedad de soldados de la patria y con su dignidad profesional como militares.

Varios podrían haberse sentido incómodos por la inconsulta utilización reciente de sus símbolos, la vulgarización publicitaria de la marcialidad de sus saludos, a ellos exclusivamente reservada, o por el arrebato de que algunos políticos aparezcan súbitamente como los legítimos defensores de la patria. Son los riesgos que corrió el presidente electo con su exótica propuesta. Pero, sin duda, él y sus asesores tuvieron todo previsto.

Por otro lado, él no quiere que los ciudadanos que integran por elección popular la rama legislativa del poder público, ante quienes, como representante del pueblo elector, debe posesionarse por mandato constitucional, dejen de ser la expresión legítima de nuestra democracia representativa. Seguramente no pensará que esté también irrespetándola. Es el extranjero nacido en Colombia que jamás piensa que su originalidad vulnera nuestra estabilidad institucional criolla. Hace poco juró preservarla frente a una devota feligresía en manada.