Por Vicente Apráez Apráez
En respuesta al editorial del 1° de abril de 2020, titulado “Necesitamos un Congreso virtual cuanto antes”.
Resulta forzado aspirar a que la Corte Constitucional legitime el funcionamiento del Congreso de la forma en que el Gobierno lo decreta y lo apremia el editorial de El Espectador: “Necesitamos un Congreso virtual cuanto antes”. Improbable equiparar ese tipo de posibilidades con las formas virtuales utilizadas para la enseñanza y el funcionamiento de algunas empresas, cuando esas formas de modernidad no se compaginan con lo normado por la Constitución Nacional: “Artículo 149. Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la Rama Legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes”. Ni están previstas en los condicionamientos señalados por el art. 143 en cuanto define que, siendo la sede del Congreso la capital de la República, las cámaras por acuerdo entre ellas tienen la posibilidad de trasladar su sede a otro lugar, posibilidad esa completamente diferente a que la estructuración de las leyes eventualmente pudiera darse mediante sistemas que no sean los del debate y el acuerdo presencial. Así las cosas, le asiste toda la razón al presidente del Senado, Lidio García, cuando de acuerdo con sus atribuciones y en cumplimiento de su deber procediera a convocar al Congreso para que a partir del próximo 13 de abril recupere el tiempo perdido del período que debió comenzar el 16 de marzo.
Nada más forzado e inconveniente que una corporación de origen y tendencias tan disímiles, a fin de operar, utilice mecanismos que, como los virtuales, per se son susceptibles de manipulaciones que en este caso agregan perturbadores motivos de inestabilidad. Conociendo la polarización actual, y los intereses que corren paralelos a las reformas urgentemente requeridas por el país, no vemos a nuestros parlamentarios sentados frente a una pantalla y verdaderamente compenetrados con las reformas laborales, pensionales y judiciales. Menos aún comprometidos, como corresponde, con las gravísimas perspectivas de esa bomba de tiempo constituida por el hacinamiento carcelario, en buena forma propiciado por la inveterada inoperancia del sistema.
Desde los primeros pactos sociales y los acuerdos tribales, y a partir de su depuración filosófica en el foro griego o el senado romano, las discusiones de las leyes suponen confrontaciones, diálogos y disensos previos a los acuerdos. Al decidir billonarias partidas destinadas a paliar la compleja coyuntura actual, el Congreso estadounidense, no obstante la enfermedad de algunos de sus integrantes, jamás puso reparos al sistema presencial. Sería inimaginable que el Bundestag alemán en su transparencia, las cámaras inglesas en su distinción, o el Congreso español dentro de sus conflictos, pretextasen la salvaguarda del riesgo personal para no comparecer a las sesiones.
Por encima de cualquier consideración, los parlamentarios, como depositarios de la voluntad popular y por las responsabilidades inherentes a su investidura, no solo disfrutan de enormes privilegios, sino que, por supuesto, están en deber de asumir los sacrificios y contingencias que el momento impone. Nadie concebiría a un médico excusando sus servicios so pretexto de preservar su integridad.
Los dificilísimos trances del coronavirus han enervado retos, dentro de los cuales todos estamos obligados a asumir posiciones acordes con nuestras posibilidades frente al país abatido por esta maldición de efectos impredecibles. Si el presidente de la República a la cabeza, así como las autoridades departamentales y municipales, conjuntamente con el personal médico asistencial, realizan denodados esfuerzos por acertar y atenuar los efectos de la pandemia, el Legislativo mal puede mostrarse inferior, menos cuando sin discriminación la mayoría de sus miembros han expresado su disposición a colaborar, de la misma manera en que lo hacen los de la Rama Judicial, los organismos de control, la Fuerza Pública y la ciudadanía inmersa en inmensos sacrificios.
Por Vicente Apráez Apráez
En respuesta al editorial del 1° de abril de 2020, titulado “Necesitamos un Congreso virtual cuanto antes”.
Resulta forzado aspirar a que la Corte Constitucional legitime el funcionamiento del Congreso de la forma en que el Gobierno lo decreta y lo apremia el editorial de El Espectador: “Necesitamos un Congreso virtual cuanto antes”. Improbable equiparar ese tipo de posibilidades con las formas virtuales utilizadas para la enseñanza y el funcionamiento de algunas empresas, cuando esas formas de modernidad no se compaginan con lo normado por la Constitución Nacional: “Artículo 149. Toda reunión de miembros del Congreso que, con el propósito de ejercer funciones propias de la Rama Legislativa del poder público, se efectúe fuera de las condiciones constitucionales carecerá de validez; a los actos que realice no podrá dárseles efecto alguno, y quienes participen en las deliberaciones serán sancionados conforme a las leyes”. Ni están previstas en los condicionamientos señalados por el art. 143 en cuanto define que, siendo la sede del Congreso la capital de la República, las cámaras por acuerdo entre ellas tienen la posibilidad de trasladar su sede a otro lugar, posibilidad esa completamente diferente a que la estructuración de las leyes eventualmente pudiera darse mediante sistemas que no sean los del debate y el acuerdo presencial. Así las cosas, le asiste toda la razón al presidente del Senado, Lidio García, cuando de acuerdo con sus atribuciones y en cumplimiento de su deber procediera a convocar al Congreso para que a partir del próximo 13 de abril recupere el tiempo perdido del período que debió comenzar el 16 de marzo.
Nada más forzado e inconveniente que una corporación de origen y tendencias tan disímiles, a fin de operar, utilice mecanismos que, como los virtuales, per se son susceptibles de manipulaciones que en este caso agregan perturbadores motivos de inestabilidad. Conociendo la polarización actual, y los intereses que corren paralelos a las reformas urgentemente requeridas por el país, no vemos a nuestros parlamentarios sentados frente a una pantalla y verdaderamente compenetrados con las reformas laborales, pensionales y judiciales. Menos aún comprometidos, como corresponde, con las gravísimas perspectivas de esa bomba de tiempo constituida por el hacinamiento carcelario, en buena forma propiciado por la inveterada inoperancia del sistema.
Desde los primeros pactos sociales y los acuerdos tribales, y a partir de su depuración filosófica en el foro griego o el senado romano, las discusiones de las leyes suponen confrontaciones, diálogos y disensos previos a los acuerdos. Al decidir billonarias partidas destinadas a paliar la compleja coyuntura actual, el Congreso estadounidense, no obstante la enfermedad de algunos de sus integrantes, jamás puso reparos al sistema presencial. Sería inimaginable que el Bundestag alemán en su transparencia, las cámaras inglesas en su distinción, o el Congreso español dentro de sus conflictos, pretextasen la salvaguarda del riesgo personal para no comparecer a las sesiones.
Por encima de cualquier consideración, los parlamentarios, como depositarios de la voluntad popular y por las responsabilidades inherentes a su investidura, no solo disfrutan de enormes privilegios, sino que, por supuesto, están en deber de asumir los sacrificios y contingencias que el momento impone. Nadie concebiría a un médico excusando sus servicios so pretexto de preservar su integridad.
Los dificilísimos trances del coronavirus han enervado retos, dentro de los cuales todos estamos obligados a asumir posiciones acordes con nuestras posibilidades frente al país abatido por esta maldición de efectos impredecibles. Si el presidente de la República a la cabeza, así como las autoridades departamentales y municipales, conjuntamente con el personal médico asistencial, realizan denodados esfuerzos por acertar y atenuar los efectos de la pandemia, el Legislativo mal puede mostrarse inferior, menos cuando sin discriminación la mayoría de sus miembros han expresado su disposición a colaborar, de la misma manera en que lo hacen los de la Rama Judicial, los organismos de control, la Fuerza Pública y la ciudadanía inmersa en inmensos sacrificios.