En respuesta al editorial del 5 de marzo de 2023, titulado “Debilitando al Estado no se avanza hacia la paz total”.
Siempre comprometido, El Espectador en su preocupante editorial nos recalca la intolerable incapacidad en que la fuerza pública se ha visto arrinconada por una legislación injusta con los jóvenes defensores de nuestro diario vivir. Todos los demás frentes se encuentran armados hasta los dientes: guerrillas, disidentes, bandoleros, narcos, resistencias, delincuentes callejeros, asesinos a sueldo y demás grupos subrepticios y soterrados.
Me pregunto dónde estarán las fuerzas militares de jerarquía y respaldo, como generales retirados y demás miembros con condecoraciones y tranquilos en sus posiciones citadinas.
Es indignante y humillante cómo a un grupo de jóvenes uniformados casi los asesinan y el ministro del Interior dice que no era secuestro sino un ligero “cerco humanitario”, y aún más terrorífico es el demencial y macabro asesinato de un miembro de la fuerza pública. Un ser humano al servicio de la patria, con familia, ha pasado a mejor vida con horror, sin que medio país se haya dado por enterado. ¿Será la costumbre o es otro uniformado más?
Es tal nuestra descomposición social, ya incontrolada y macabra, que cada día surge un hecho más descomunal. Un desgobierno inerme, unos legisladores dormidos en sus cómodas sillas congresionales acariciando sus quincenas con sueldos injustos para indiferentes y una comunidad ciudadana atropellada a diario por todo tipo de violencias. La pena de muerte sí existe en nuestra nación, pero para el habitante trabajador, deportista, turista, ciudadano del común, donde por un celular o un billete te privan de vivir sin el menor espasmo, a puñaladas o a tiros, sabiendo los malhechores que no tendrán castigo alguno.