En respuesta al editorial del 6 de abril de 2024, titulado “Los pacientes por encima de los pulsos políticos”.
La principal pregunta ante esta implosión del sistema de salud es qué pasó y por qué.
En principio, la ley que creó el sistema de salud actual era idónea, con seguros, controles y contrapesos para mantenerlo estable, y uno de esos seguros son las reservas técnicas, recursos de gran monto y cuya función era compensar las Unidades de Pago por Capacitación Subsidiada (UPC-S), que es lo que el gobierno paga por paciente a las EPS para su atención.
Las susodichas EPS agarraron esos recursos como dinero de inversión, capitalización o, sencillamente, se lo gastaron en cositas, como Carlos Palacino con el desfalco de Saludcoop. No los dejaron quietos o rentando de forma que se volvieran recursos líquidos rápidamente, para una emergencia o falta de recursos por desfase en las UPC-S. Y esto lo han pasado por alto la gran mayoría de medios, expertos y gente que representa al sector de la salud.
Quieren que el gobierno tramite una concertación con los mismos entes, personas y partidos que manejaban esos controles y permitieron que, como El Espectador lo dice en su editorial: “Todos los gobiernos, desde la expedición de la Ley 30 de 1993, han tenido que lidiar con un aparato burocrático inmenso que ha sido infiltrado por la corrupción”. Alejandro Gaviria, quien estuvo seis años como ministro de Salud, no fue capaz de prever este chicharrón. Señal de lo despistado que estaba es este trino del 2017: “El giro directo es una realidad, así como los controles a las reservas técnicas. Suena a frase de cajón, pero los recursos están blindados”.
Si se pasaron por la faja a un ministro por seis años, ¿qué garantía hay de que esas figuras con las que hay que concertar no lo vuelvan a hacer? Sino revisen qué sanciones han tomado los partidos políticos con los miembros que se han robado los recursos de la salud, va una muestra: en la página del partido de la U, cuya sección de transparencia en la página web está sin terminar, no expulsó a Alejandro Lyons, quien se robó la plata de la salud en Córdoba. Quieren concertar con partidos políticos que ni siquiera son capaces de sancionar y expulsar a esa clase de personas.
O como Keralty, grupo dueño de la EPS Sanitas, que también financió a partidos y congresistas; confirmado por el CNE (consejo nacional electoral) quienes no tuvieron la ética de al menos; no digo recusarse, sino de mencionar que fueron financiados por una de las partes interesadas en la reforma a la salud.
La única luz que se ve es que el gobierno Petro ha llevado una política económica estable, al menos en dos indicadores, como son el precio del dólar y la inflación, lo que da indicios de un buen manejo del dinero público pese a sus otras metidas de pata. Lo que urge es que no quede la salud de los colombianos en manos corruptas y que la transición sea lo menos traumática posible.