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La principal pregunta ante la implosión del sistema de salud colombiano es por el bienestar de los pacientes. Con la intervención, esta semana, del Gobierno a las EPS Sanitas y Nueva EPS, más el anuncio de liquidación de la EPS de Compensar, el común denominador en los mensajes ha sido la angustia por los servicios, incertidumbre por lo que vendrá, preocupación por las enfermedades más complejas y una profunda confusión frente a la logística detrás de las operaciones que se están llevando a cabo. Lo más angustiante es que, con la muerte de la reforma a la salud en el Congreso, ni el gobierno de Gustavo Petro ni los actuales prestadores pueden dar una respuesta contundente de qué va a ocurrir en los próximos años. Es momento de cautela, pero lamentablemente parece que los vientos políticos soplan en dirección contraria.
La crisis del sistema de salud no empezó durante la administración de Gustavo Petro. Todos los gobiernos, desde la expedición de la Ley 30 de 1993, han tenido que lidiar con un aparato burocrático inmenso que ha sido infiltrado por la corrupción y ha necesitado la intervención de la Corte Constitucional para funcionar. Ese proceso ha estado plagado de escándalos, personajes nefastos, personas que mueren y servicios prestados con las uñas, en medio de la indignidad. La desfinanciación de un sistema que ofrece más de lo que puede pagar nunca se enfrentó, y la reforma que se cayó tampoco ofrecía controlarla. Sin embargo, considerar que eso es lo único que ha ocurrido es una manera de negar la realidad. En estas tres décadas, el sistema ha contado con actores transparentes, rigurosos, que mejoraron el cubrimiento en salud, redujeron los costos que asume cada paciente y que, comparativamente, ubican a Colombia en una mejor posición que otros países de la región. Hay un consenso en que se necesitan reformas, pero para hacerlas se debe respetar lo que sí ha funcionado. El día a día de los colombianos no cabe en los discursos dogmáticos de los líderes políticos.
Por eso ha sido tan frustrante la postura de la administración Petro en todo este proceso. Después de una breve etapa de buscar concertación, el presidente y sus ministros de Salud (Carolina Corcho y Guillermo Jaramillo) se radicalizaron y fueron incapaces de construir apoyos, lo que terminó en el hundimiento de la reforma en el Congreso, y se han dedicado a estigmatizar a los prestadores de servicios. Esta semana, por ejemplo, el presidente acusó a Sanitas de intervención extranjera en nuestra soberanía y sugirió que los congresistas que no apoyaron al Gobierno estaban comprados. Luego, refiriéndose a la crisis de esta semana, dijo que “lo que pudo ser una concertación tranquila, ahora es de golpe”. Lo que no cuenta, ni contará, es que fue su propia administración la que saboteó cualquier intento de concertación.
La intervención de Nueva EPS y EPS Sanitas se veía venir. Desde julio del año pasado las EPS privadas más grandes del país le habían rogado al Gobierno sentarse a dialogar, porque los recursos del sistema no aguantaban. Ante la Corte Constitucional, el ministro Jaramillo aceptó que la Unidad de Pago por Capitación es insuficiente. Queda el sinsabor de que el Gobierno no tuvo la menor voluntad de evitar la caída. Lo que abre una pregunta más preocupante: sin reforma y sin EPS privadas, ¿qué viene? ¿La fracasada reforma por decreto? ¿Y la democracia? ¿Por eso estamos hablando de “modo constituyente”?
Guardemos la calma, mejor, y volvamos a la preocupación inicial por los pacientes. La crisis no la creó el gobierno actual, pero su responsabilidad ahora es navegarla pensando en la salud de los colombianos y no en ganar un pulso político. Para eso, señor presidente, es necesaria de nuevo la concertación. Es tiempo de cambiar de actitud. Hay muchas vidas en riesgo.
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