Por Nicole Garpal
En respuesta al editorial del 9 de junio de 2020, titulado “La inexplicable captura del gobernador de Antioquia”.
En primer lugar, no hallo apropiado para el caso el titular “La inexplicable captura del gobernador de Antioquia”, y lo señalo convocando a que se interprete a cabalidad el significado del vocablo “inexplicable”. Inexplicable, desde luego, para unos o muchos, pero no para quien haya decidido la captura, ni para quienes la justifiquen. Inexplicable es algo sin ton ni son, que, a decir verdad, no creo que sea el caso relacionado con Aníbal Gaviria.
Segundo: por lo general los medios de comunicación y más sectores del conglomerado social pregonan que “cuando alguien es imputado con las formalidades de ley, lo mejor es que ande alejado del cargo, para que se defienda desde afuera”, o, mejor, “para que eventualmente, al seguir ejerciendo, no haya de maniobrar de modo que pueda interferir en la investigación”. En consecuencia, esas premisas deben aplicar para todo el mundo, no solo por capricho para unas personas. Sea la ley como la parca, que a nadie le mira caras ni cualquier condición personal adicional. ¿O acaso El Espectador bendice el ejercicio de la justicia selectiva?
Como en un afán de a priori defender —o absolver— al gobernador Gaviria, El Espectador dice que es “grave capturarlo en plena emergencia por la pandemia del COVID-19”. Claro, eso duele, y más si hay evidencias de que el afectado ha manejado bien la calamidad en mención. Pero quisiera saber si El Espectador se ha pronunciado de igual manera en los demás casos en los que hace poco han suspendido o encarcelado a gobernantes, aun sabiendo que han encarado con creces la pandemia, aunque haya indicios de haber incurrido —ellos o sus subalternos— en acciones no apegadas a la ley.
Comenta el editorial que a Gaviria le imputan “haber cambiado el anticipo para el contratista, pasando del 25 % al 29 % del monto total del contrato”, y que —añade la publicación— “se trata sí de un comportamiento reprochable, de ser probado. ¿Pero ameritaba la detención preventiva?”. En este punto recalco lo de la pertinencia de que los investigados se hallen al margen de sus cargos, por lo mismo que al respecto manifesté con antelación.
Pero no habla El Espectador acerca del cargo de que, al parecer, el gobernador Gaviria acabó ordenando construir un puente no previsto en el contrato concerniente a la Troncal de la Paz, de lo cual se puede suponer que se incurrió en peculado por destinación oficial diferente, lo que a la par puede implicar detrimento patrimonial.
De modo que, a mi juicio, peca El Espectador vendiendo las ideas de que “hay que dejar que los imputados se defiendan desde sus cargos”, y de que “más hoy por causa de la pandemia”. Eso sí, debe prevalecer siempre la presunción de inocencia mientras alguien no haya sido vencido en juicio e igual asegurarle el derecho al debido proceso.
Por Nicole Garpal
En respuesta al editorial del 9 de junio de 2020, titulado “La inexplicable captura del gobernador de Antioquia”.
En primer lugar, no hallo apropiado para el caso el titular “La inexplicable captura del gobernador de Antioquia”, y lo señalo convocando a que se interprete a cabalidad el significado del vocablo “inexplicable”. Inexplicable, desde luego, para unos o muchos, pero no para quien haya decidido la captura, ni para quienes la justifiquen. Inexplicable es algo sin ton ni son, que, a decir verdad, no creo que sea el caso relacionado con Aníbal Gaviria.
Segundo: por lo general los medios de comunicación y más sectores del conglomerado social pregonan que “cuando alguien es imputado con las formalidades de ley, lo mejor es que ande alejado del cargo, para que se defienda desde afuera”, o, mejor, “para que eventualmente, al seguir ejerciendo, no haya de maniobrar de modo que pueda interferir en la investigación”. En consecuencia, esas premisas deben aplicar para todo el mundo, no solo por capricho para unas personas. Sea la ley como la parca, que a nadie le mira caras ni cualquier condición personal adicional. ¿O acaso El Espectador bendice el ejercicio de la justicia selectiva?
Como en un afán de a priori defender —o absolver— al gobernador Gaviria, El Espectador dice que es “grave capturarlo en plena emergencia por la pandemia del COVID-19”. Claro, eso duele, y más si hay evidencias de que el afectado ha manejado bien la calamidad en mención. Pero quisiera saber si El Espectador se ha pronunciado de igual manera en los demás casos en los que hace poco han suspendido o encarcelado a gobernantes, aun sabiendo que han encarado con creces la pandemia, aunque haya indicios de haber incurrido —ellos o sus subalternos— en acciones no apegadas a la ley.
Comenta el editorial que a Gaviria le imputan “haber cambiado el anticipo para el contratista, pasando del 25 % al 29 % del monto total del contrato”, y que —añade la publicación— “se trata sí de un comportamiento reprochable, de ser probado. ¿Pero ameritaba la detención preventiva?”. En este punto recalco lo de la pertinencia de que los investigados se hallen al margen de sus cargos, por lo mismo que al respecto manifesté con antelación.
Pero no habla El Espectador acerca del cargo de que, al parecer, el gobernador Gaviria acabó ordenando construir un puente no previsto en el contrato concerniente a la Troncal de la Paz, de lo cual se puede suponer que se incurrió en peculado por destinación oficial diferente, lo que a la par puede implicar detrimento patrimonial.
De modo que, a mi juicio, peca El Espectador vendiendo las ideas de que “hay que dejar que los imputados se defiendan desde sus cargos”, y de que “más hoy por causa de la pandemia”. Eso sí, debe prevalecer siempre la presunción de inocencia mientras alguien no haya sido vencido en juicio e igual asegurarle el derecho al debido proceso.