La inexplicable captura del gobernador de Antioquia

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El sistema penal colombiano no está diseñado para operar irracionalmente. Las reglas de procedimiento, la tipificación de los delitos y, ante todo, los principios que rigen todas las decisiones de los agentes, sean Fiscalía o jueces de la República, fueron creadas con un propósito claro y responden al sentido común. Por eso, la decisión de dictar medida de aseguramiento contra Aníbal Gaviria, gobernador de Antioquia, dejó a tantas personas atónitas. ¿Cuál era la necesidad de una decisión tan lesiva, no solo para el funcionario, sino para todo un departamento?

Hay que ser claros: las irregularidades tienen que investigarse. Si la Fiscalía tiene suficientes indicios para llevar a juicio a Gaviria, está en su deber constitucional y legal de hacerlo. En Colombia no hay funcionarios por encima de la ley y los delitos relacionados con los recursos públicos están diseñados para evitar la corrupción. Hasta ahí no hay discusión posible. Gaviria tiene derecho a la presunción de inocencia y a defenderse bajo las reglas del debido proceso, y la Fiscalía, por su parte, tiene la posibilidad de imputarlo.

Lo que se cuestiona, sin embargo, es que se haya dictado medida de aseguramiento contra Gaviria. En plena pandemia, además. De por sí, la Fiscalía tiene un pésimo récord histórico con el manejo de esa herramienta, que debería ser extraordinaria. Está diseñada para que los investigados no se fuguen o no alteren las evidencias de los casos, pero ambos riesgos tienen que probarse. En cambio, en el país se ha vuelto costumbre meter a la cárcel a personas cuyos procesos no se han terminado y no han sido condenados. Gana el afán de obtener titulares y mostrar resultados parciales, con consecuencias nefastas, como lo hemos visto, por ejemplo, en el caso del atentado en el centro comercial Andino.

¿No podía Gaviria ser procesado en libertad? ¿Era necesario hacer un quiebre institucional, rompiendo todos los procesos del departamento, en plena pandemia? Dice la Fiscalía que existía el riesgo de que volviera a cometer un comportamiento similar al imputado, pero los indicios sobre eso no son claros.

Al gobernador lo investigan porque, en su primer período (2004), firmó un contrato de mejoramiento y pavimentación de la Troncal de la Paz (tramo La Cruzada-Caucasia), por un valor de $41.663 millones. Según la Fiscalía, aunque al comienzo se pactó un anticipo del 25 % para el contratista, en realidad los constructores habrían recibido un adelanto del 29 %, lo que significó casi $1.500 millones adicionales para el contratista. Al hacer esa modificación, dice el ente investigador, no se cumplieron los requisitos legales. Se trata, sí, de un comportamiento reprochable de ser probado, ¿pero ameritaba la detención preventiva?

Gaviria dijo que “esta decisión crea desconfianza, desinstitucionaliza y envía mensajes muy negativos”. Es cierto. No porque la Fiscalía esté equivocada en imputar (asumimos que, al tomar una decisión de ese nivel, tienen todo el material probatorio que necesitan), sino porque es fácil leer la situación como un ejercicio exagerado del sistema penal. Tampoco ayuda que sea el mismo fiscal del caso, y no un juez, quien dicte la medida de aseguramiento. Cuando no hay sentido común en las decisiones, la gente empieza a perder confianza.

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