No es opcional, De la Espriella tiene que pedir explicaciones a Estados Unidos

En respuesta al editorial del 15 de julio de 2026, titulado “El asesinato de un colombiano en Estados Unidos merece claridad”.

Hay algo profundamente equivocado en el lenguaje escogido en su editorial para denunciar hechos que, según quienes los denuncian, ya son suficientemente tristes y graves. Cuando la evidencia existe, el subjuntivo sobra. Cuando la obligación política es evidente, el condicional estorba.

Por eso resulta insólito leer que Abelardo de la Espriella “debería” exigir explicaciones al gobierno de Estados Unidos. No. Si los hechos ameritan una respuesta política, entonces no se trata de lo que debería hacer, sino de lo que tiene que hacer. La diferencia no es semántica. Es moral y política. El verbo “debería” introduce una posibilidad donde lo que existe es una responsabilidad.

La misma debilidad aparece en la afirmación según la cual “si se permite que una fuerza armada opere en impunidad, sin responder a la ley y sin respetar los derechos de las personas que están en Estados Unidos, se cae en un régimen que ya no se puede considerar democrático”. Si se dispone de información que demuestra abusos, violaciones de derechos o actuaciones arbitrarias, entonces la discusión no pertenece al terreno de las hipótesis. La pregunta no es qué ocurriría si se permitiera la impunidad. La pregunta es si hubo impunidad, quién la permitió y qué consecuencias debe enfrentar.

Las democracias se degradan cuando los hechos se sustituyen por escenarios imaginarios. Pero también se degradan cuando los responsables políticos se esconden detrás de fórmulas retóricas que les permiten evitar afirmaciones contundentes. La ciudadanía no necesita advertencias condicionales. Necesita diagnósticos claros.

Jason Stanley, uno de los académicos más importantes en el estudio del fascismo contemporáneo, ha insistido en que el autoritarismo prospera cuando se normaliza la existencia de instituciones o grupos que operan al margen del escrutinio público y de la rendición de cuentas. La lección es simple: cuando hay indicios serios de abuso estatal, la investigación no es opcional. Es obligatoria. Donde hay dudas sobre el respeto de derechos fundamentales, las explicaciones no son una cortesía. Son una exigencia.

Por eso el mensaje correcto no es que alguien “debería” pedir respuestas. El mensaje correcto es que las respuestas tienen que darse. No que “si se permite” la impunidad habrá un problema para la democracia. El problema existe precisamente cuando las denuncias no se investigan, cuando las autoridades no responden y cuando los hechos se ocultan detrás de eufemismos políticos.

La democracia exige precisión. Exige coraje. Exige hablar en indicativo. Exige decir qué ocurrió, quién responde y qué se hará para evitar que vuelva a ocurrir. Todo lo demás es una forma elegante de diluir responsabilidades en la gramática.

Múnich, Alemania.