Por Enrique Espitia
En respuesta al editorial del 14 de junio de 2020, titulado “No los olvidemos”.
Como lector habitual de El Espectador los fines de semana, quiero aportar mi punto de vista sobre el editorial del domingo antepasado: “No los olvidemos”.
Más que merecido hacerles un homenaje, desde la portada y las páginas principales de su diario, a las víctimas de la violencia política, para evidenciar el horror ante la muerte de tantos colombianos, historia que es una constante desde que nos constituimos como nación.
Hace poco, como director de teatro que soy, realicé un montaje teatral con el tema de la violencia colombiana de la década de 1950 y es como papel calcado, el mismo modus operandi de grupos que manejan el poder y eliminan todo vestigio de oposición, so pretexto de que son comunistas, ahora prochavistas. Qué embeleco tan bien vendido, para no dar ninguna oportunidad de apertura democrática en el país.
Y si el 14 de junio teníamos 442 líderes asesinados, hoy esa cifra ya es obsoleta. Qué horror ante la indiferencia total del Gobierno nacional, al que debemos soportar dos largos años más, para que la cifra se aproxime a 700 u 800 muertos.
Me tomé el trabajo de leer los datos de quiénes son los asesinados: presidentes de juntas de acción comunal, líderes campesinos, líderes indígenas, sindicalistas, reclamantes de tierras, denunciantes de minería ilegal, activistas de grupos poblacionales minoritarios, integrantes de Marcha Patriótica, gestores de comunidades desplazadas… en fin, lista larga y dolorosa, pero fácil de identificar porque, aunque se nos diga ahora que la lucha de clases es historia del pasado lejano, la realidad es que todos eran ciudadanos humildes, trabajadores, pobres, reclamantes de derechos personales o comunitarios, lo cual muestra hasta el cansancio la indolencia de un Gobierno que con su silencio apoya y avala grupos criminales contra la población más desfavorecida.
Solo imagino el escenario contrario para entender la magnitud del escándalo: si estos 442 fueran ministros, senadores, expresidentes, generales, empresarios, embajadores, banqueros, terratenientes, industriales, obispos, directores de opinión o artistas famosos, ese tema se habría magnificado a escala nacional e internacional y tal vez la indiferencia no se soportaría, porque son importantes, famosos, tienen recursos, pagan investigadores. El Estado se volcaría en su apoyo para proteger a sus familiares y capturar a los asesinos. Seguro que los detendrían, incluso castigando a inocentes para demostrar que la política y la justicia sí funcionan.
Es enojosa la desidia gubernamental, como la de los medios de comunicación, que deberían tener en sus informativos diarios la pedagogía por el valor de la vida sobre todas las cosas, el repudio por los asesinatos, el seguimiento al desamparo de las familias, la denuncia de los agresores, que en muchos casos se conocen, y no solamente el registro de un muerto más cada dos días.
Parece un país fallido e indolente con el respeto a la vida, con la divergencia de opinión, con la equidad de los menos favorecidos. Todos ellos son eliminados.
Por Enrique Espitia
En respuesta al editorial del 14 de junio de 2020, titulado “No los olvidemos”.
Como lector habitual de El Espectador los fines de semana, quiero aportar mi punto de vista sobre el editorial del domingo antepasado: “No los olvidemos”.
Más que merecido hacerles un homenaje, desde la portada y las páginas principales de su diario, a las víctimas de la violencia política, para evidenciar el horror ante la muerte de tantos colombianos, historia que es una constante desde que nos constituimos como nación.
Hace poco, como director de teatro que soy, realicé un montaje teatral con el tema de la violencia colombiana de la década de 1950 y es como papel calcado, el mismo modus operandi de grupos que manejan el poder y eliminan todo vestigio de oposición, so pretexto de que son comunistas, ahora prochavistas. Qué embeleco tan bien vendido, para no dar ninguna oportunidad de apertura democrática en el país.
Y si el 14 de junio teníamos 442 líderes asesinados, hoy esa cifra ya es obsoleta. Qué horror ante la indiferencia total del Gobierno nacional, al que debemos soportar dos largos años más, para que la cifra se aproxime a 700 u 800 muertos.
Me tomé el trabajo de leer los datos de quiénes son los asesinados: presidentes de juntas de acción comunal, líderes campesinos, líderes indígenas, sindicalistas, reclamantes de tierras, denunciantes de minería ilegal, activistas de grupos poblacionales minoritarios, integrantes de Marcha Patriótica, gestores de comunidades desplazadas… en fin, lista larga y dolorosa, pero fácil de identificar porque, aunque se nos diga ahora que la lucha de clases es historia del pasado lejano, la realidad es que todos eran ciudadanos humildes, trabajadores, pobres, reclamantes de derechos personales o comunitarios, lo cual muestra hasta el cansancio la indolencia de un Gobierno que con su silencio apoya y avala grupos criminales contra la población más desfavorecida.
Solo imagino el escenario contrario para entender la magnitud del escándalo: si estos 442 fueran ministros, senadores, expresidentes, generales, empresarios, embajadores, banqueros, terratenientes, industriales, obispos, directores de opinión o artistas famosos, ese tema se habría magnificado a escala nacional e internacional y tal vez la indiferencia no se soportaría, porque son importantes, famosos, tienen recursos, pagan investigadores. El Estado se volcaría en su apoyo para proteger a sus familiares y capturar a los asesinos. Seguro que los detendrían, incluso castigando a inocentes para demostrar que la política y la justicia sí funcionan.
Es enojosa la desidia gubernamental, como la de los medios de comunicación, que deberían tener en sus informativos diarios la pedagogía por el valor de la vida sobre todas las cosas, el repudio por los asesinatos, el seguimiento al desamparo de las familias, la denuncia de los agresores, que en muchos casos se conocen, y no solamente el registro de un muerto más cada dos días.
Parece un país fallido e indolente con el respeto a la vida, con la divergencia de opinión, con la equidad de los menos favorecidos. Todos ellos son eliminados.