Procuradora y fiscal: ¿obstáculos o defensores del Estado de derecho?

En respuesta al editorial del 30 de julio de 2023, titulado “Pelea de Petro y Cabello: hay que acabar la ambigüedad”.

Si bien el editorialista, como siempre, es equilibrado en el análisis, no son menos ciertos los papeles que hoy cumplen la Procuraduría y la Fiscalía, los cuales fueron objeto de pronunciamiento serio en ese apartado del diario hace poco. Rematar el editorial para encerrarlo en el estrecho marco de que la procuradora y el presidente están concentrados en la campaña política de octubre próximo es eximir a la señora Cabello de su rol opositor sin timidez, ese sí político-electoral.

El señor presidente, independientemente de objeciones puntuales sobre el desempeño de su cargo, que las hay, no ha dado una sola seña de intervenir en las elecciones. Al contrario: la impresión es de no estar interesado, gane quien gane. Justo esa es una de las críticas a su partido. Petro, a diferencia de mandatos anteriores y frescos en la memoria del país, ha dado pruebas de limpieza y pulcritud en el manejo de los temas institucionales, el equilibrio y la independencia de poderes, sin enredarse en el fárrago de los juegos electorales regionales.

Entiendo al editorialista por no ir más lejos, pese a su postura meses atrás, donde con crudeza y decencia diseccionó las conductas políticas de las cabezas de los organismos de control más importantes en el sustento de la democracia: Procuraduría y Fiscalía. No hay duda de cuál es la política de la procuradora Cabello frente al presidente. Se mueve no con luces intelectuales para beneficio del país. Contradice cualquier decisión del Gobierno por nimia que sea. Nunca busca el diálogo ni la colaboración armónica de los poderes. La confrontación pública en cada rueda de prensa es su estandarte dichoso. Baste comparar las actuaciones de Cabello hoy en contrapartida frente al gobierno anterior.

Es hora de aceptar que este es un Gobierno de ruptura con los lugares, lenguajes y actuaciones rutinarios, polémico, dispuesto a sacudir la vieja maquinaria burocrática, la telaraña de un Estado y sus pocos beneficiarios complacientes con los índices de desigualdad, pobreza, corrupción, impunidad y guerra perpetua. Sin embargo, es un Gobierno, sin vacilación alguna y para sorpresa de una élite hierática, de autenticidad democrática. El origen de los gritos desde una orilla del país estriba en que nos acostumbramos a sepultar opiniones, divergencias y contradicciones entre los poderes públicos, espantados por el quiebre de la cacareada institucionalidad, pero es imprescindible debatir esa institucionalidad y reformarla en consenso. Ahí está el pacto nacional propuesto desde la Presidencia. El almendrón no está en el debate sino en las cartas bajo la manga y el desespero ciego.

Son válidos los desacuerdos de la procuradora. No obstante, sus disensos no encajan en el fortalecimiento de las instituciones. Su talante actual la obnubila, hasta el punto de llamar leyes extranjeras a las decisiones de la Corte IDH. Corolario de todo y en la mente de muchos ciudadanos hay una pregunta inquietante: ¿existe interés ex profeso en impedir la libre movilidad del presidente en la búsqueda de los auténticos fines de un Estado social de derecho? La respuesta está en la procuradora Cabello y el fiscal Barbosa, pero con hechos.

El peligro para Colombia no está hoy en quién ostenta la primera magistratura. Despejar esa incógnita descansa en la señora procuradora, el señor fiscal y otros.