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Escribo en relación con el artículo titulado “Estudio encuentra menos ideación suicida en jóvenes trans con acceso a afirmación de género” publicado el pasado 22 de enero. Considero necesario precisar el alcance del estudio citado, presentado como evidencia concluyente sin explicar adecuadamente su diseño.
El estudio, publicado en The Journal of Pediatrics, tiene un seguimiento promedio de apenas 1,8 años, un periodo insuficiente para evaluar el riesgo suicida en adolescentes. Además, es retrospectivo, se basa en auto-reportes y carece de grupo de control, lo que lo convierte en un trabajo con alta probabilidad de sesgo y sin capacidad para establecer relaciones causales sólidas.
El énfasis en el auto-reporte también exige cautela, pues cuando las personas han invertido expectativas y riesgos en un tratamiento, tienden a evaluarlo de forma positiva. Por ello, la percepción subjetiva de bienestar no puede considerarse prueba suficiente de seguridad o beneficio clínico, especialmente en intervenciones con carácter irreversible.
Existen estudios con diseños más robustos que han llegado a conclusiones distintas. Por ejemplo, el estudio sueco de Dhejne et al. (2011), con seguimiento de hasta 30 años y grupo de control paralelo, registró desenlaces objetivos. Encontró a largo plazo una mortalidad por suicidio aproximadamente 19 veces mayor que en el grupo de control, lo que subraya la importancia de evaluar efectos a largo plazo.
Cuando la evidencia es contradictoria, debe primar la jerarquía metodológica, no la fecha de publicación de un estudio. Según la pirámide de la evidencia, estudios retrospectivos sin grupo de control se ubican en niveles inferiores frente a investigaciones comparativas con seguimiento prolongado, lo que exige prudencia al comunicar resultados.
En la cúspide de esta jerarquía se encuentran las revisiones sistemáticas. Informes como el Cass Review y el reporte del Departamento de Salud de Estados Unidos han advertido sobre la baja calidad de gran parte de la evidencia disponible y han llamado a la cautela, al identificar prácticas de citación cruzada entre instituciones que han contribuido a proyectar una impresión de consenso científico que no refleja la controversia real existente.
Reconozco que muchas personas trans atraviesan situaciones de sufrimiento genuino y merecen apoyo y atención médica responsable. Precisamente por ello, cuestionar la calidad de la evidencia no equivale a negar la dignidad de nadie.
Dado el impacto que tienen las publicaciones de El Espectador en personas en situación de vulnerabilidad, resulta descuidado recurrir sin un adecuado contraste de fuentes a especialistas con posibles conflictos de interés, como aquellos afiliados a organizaciones como WPATH.
Tras la filtración de conversaciones internas de ese organismo, se ha conocido que desde esa organización se minimizan riesgos para la salud, como anorgasmia, esterilidad y los fenómenos de detransición, así como discusiones sobre la viabilidad de cirugías de reasignación sexual en menores de 14 años, procedimientos que no se ajustan al ordenamiento jurídico colombiano. En este contexto, sería pertinente, por lo menos, preguntar a los especialistas citados cuál es su posición frente a estos hechos.
De lo contrario, el medio corre el riesgo de convertirse en una tribuna ideológica más que en un espacio de análisis crítico. Es indispensable explicar los alcances reales de los estudios y contrastarlos con evidencia de mayor jerarquía, para contribuir a un debate informado, responsable y respetuoso con el público.
Cordialmente,
Javier Rodríguez
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