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El editorial del 28 de octubre, titulado “La izquierda se consolida, la democracia respira”, celebra los 2,7 millones de votos en la consulta del Pacto Histórico como una “buena noticia para la democracia”. La participación ciudadana siempre merece atención, pero el análisis presentado sacrifica rigor por entusiasmo y cae en las simplificaciones que todo buen editorial debería evitar.
El texto rechaza comparar esta consulta con la de 2022 (que tuvo 5 millones de votos) argumentando contextos diferentes, pero inmediatamente utiliza comparaciones con 2016 y 2010, cuando los contextos eran aún más distintos: Colombia sin acuerdo de paz, sin redes sociales masivas, sin Petro en la presidencia. Esta selectividad metodológica no es rigor analítico; es razonamiento circular. Más problemático aún es que el editorial reconoce que las listas al Congreso dieron “un impulso especial” a la participación, pero descarta este factor sin analizarlo. Si las listas legislativas movilizaron votantes, estamos ante un fenómeno diferente al plebiscito de consolidación que se nos presenta.
Llamar a 2,7 millones de votos “una fuerza política activa” requiere un contexto que el editorial omite deliberadamente. Representa aproximadamente el 7 % del potencial electoral colombiano, con un 93 % de abstencionismo. Pero hay una pregunta aún más incómoda: ¿estamos ante la verdadera magnitud de las izquierdas colombianas, consolidadas tras tres años de gobierno? Pasar de 5 millones de votos en oposición a 2,7 millones gobernando —con acceso a recursos del Estado, medios institucionales y visibilidad presidencial— no es precisamente el relato de consolidación que el editorial nos vende. Es, en el mejor de los casos, un dato que exige explicaciones serias.
Describir a la izquierda colombiana exclusivamente como “silenciada, perseguida y excluida” ignora décadas de participación institucional. Desde la Alianza Democrática M-19 hasta el Polo Democrático, sectores progresistas han competido electoralmente. Esta narrativa de victimización perpetua invisibiliza trayectorias políticas reales y empobrece la comprensión histórica. De forma parecida, llamar “éxito” al proceso de paz sin calificaciones es presentar como hecho lo que permanece como un debate nacional legítimo. Un editorial puede defender el proceso, pero no puede obviar su implementación problemática, las disidencias armadas o los miles de líderes sociales asesinados.
El editorial señala la “descarada intervención” del presidente Petro, pero la trata como una nota al margen. Si realmente hubo violación de normas electorales por parte del mandatario, este debería ser un tema central, no un paréntesis incómodo entre celebraciones. Esta dilución de críticas sustanciales sugiere que el análisis está subordinado a una conclusión predeterminada.
La democracia no se fortalece solo con más votos, sino con análisis honestos que reconozcan complejidades. Celebrar la participación ciudadana no requiere simplificar la historia ni manipular comparaciones. La izquierda colombiana merece un periodismo mejor que este.
Camilo Vega
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