A propósito del editorial del 21 de junio, titulado “Colombia es mucho más que sus líderes políticos”. Los presidentes, en todo país civilizado, son empleados públicos y la gobernabilidad es ejercida por el constituyente primario, el mismo que, como en el Tratado de Escazú y el Principio Marco del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, y muchísimos otros tratados civilizatorios, fuerza al Estado a involucrar a la ciudadanía en la toma de decisiones que afecten al medio ambiente y al bienestar socioeconómico. Por eso, la gobernanza ya no se obtiene porque “señores feudales” den para ello la oportunidad de competencia, ni siquiera por maquinaria gubernamental, ni por contubernio entre gobierno y Congreso, sino solo por la compra de votos, el fraude electoral o la sumisión que se ejerce por ser terratenientes de monumentales extensiones.
El pueblo, a partir de 2022, es el que por fin gobierna, luego de 200 años de nefasto y tenebroso régimen feudal-conservador, que hizo de un país rico uno de los más pobres y violentos, precisamente por someter al pueblo a vasallaje en una economía agraria, pero no productora de alimentos, sino de poder gubernamental, vía estafa piramidal, clientelismo, especulación, extractivismo y, sobre todo, robo sistemático al erario estatal.
Pero ¿por qué, entonces, Colombia no ha podido ser más que sus líderes políticos? La respuesta hay que buscarla, como casi siempre, en la historia. Resulta que, inmediatamente desaparecidos los ilustrados que nos dieron la independencia, los criollos, que inicialmente eran hijos de españoles nacidos en Colombia, pasaron a ser la élite dominante que, junto con terratenientes esclavistas nativos, restauró la economía feudal agraria con toda la aquiescencia del resto de la población y con el aval de la Iglesia católica, que en ese entonces consideraba el estatus de amo y esclavo como un orden natural y divino, y un mecanismo necesario para mantener la estabilidad social (aunque exigía un “trato humanizado” y una atención pastoral para los esclavos).
Gobernanza esta de vasallaje (pacto mutuo entre terratenientes y hombres no tan libres), esclavitud (que reduce a la persona a objeto sin derechos) y encomienda (combinación de elementos de servidumbre feudal y explotación esclavista), que nuevamente se sintió seriamente amenazada por la creación del Partido Liberal y su Ley 21 de 1851, firmada por el primer presidente liberal, José Hilario López, y ratificada en la primera Constitución Liberal de Rionegro (1863), que además consolidó derechos individuales, sufragio universal masculino, separación entre Estado e Iglesia y prohibición de que el clero acumulara bienes raíces. La reacción conservadora contra el modelo liberal y federalista consolidado en esa carta, y que de paso dejó sin medios de producción (esclavos) a su economía medieval, no se hizo esperar. A partir de ahí comenzó lo que los feudal-conservadores denominaron y llevaron a la práctica, con toda la fuerza y rigor posibles, mediante la Constitución de 1886: la Regeneración. La misma que, sin haberse desmontado antes, se revitaliza hoy con más fuerza luego de que el primer gobierno progresista (2022-2026), elegido por el pueblo, empoderara salarialmente a obreros y campesinos (los principales medios de producción que reemplazaron a los esclavos).
William Álvarez G.
Envíe sus cartas a lector@elespectador.com
