A propósito de la entrevista al ministro de Hacienda y Crédito Público, Germán Avila, publicada el 19 de octubre, en la que reitera la necesidad de presentar de un proyecto de ley de financiamiento y afirma que “el sistema financiero no tendrá mayores cambios en su estructura funcional, solo tendránque repartir un poco más las ganancias que obtienen”, vale la pena recordar que el sector asegurador desde hace varios años asume una carga tributaria superior a la de otras industrias.
Sin que exista una justificación sólida desde el punto de vista técnico o de política pública, actualmente, además de la tarifa general del 35 %, las aseguradoras deben pagar cinco puntos porcentuales adicionales, lo que eleva la carga total al 40 %.
El nuevo proyecto de ley de financiamiento propone que para el caso de las compañías de seguros y de reaseguros, incrementar el impuesto de renta hasta el 50 % lo que significaría un impacto desproporcionado para la actividad aseguradora.
Recordemos que, según la OCDE, la tasa corporativa general del impuesto de renta del 35 % es excesivamente alta, y como lo ha señalado, en 2023 Colombia fue uno de los países con mayor incremento en la relación ingresos tributarios sobre el PIB —2,5 puntos porcentuales adicionales, principalmente por mayores ingresos de impuesto de renta corporativa—, lo cual evidencia la enorme presión que ya soporta el sector productivo. En este sentido, la tributación excesiva puede ser nociva para los mismos propósitos de equidad y sostenibilidad fiscal que dice perseguir.
De manera muy excepcional se justifican este tipo de sobretasas cuando se intenta desincentivar algunas industrias que se consideran socialmente nocivas. Es claro que la industria de los seguros no entra dentro de esta categoría, porque el propio Plan Nacional de Desarrollo del presidente Petro dio vía libre para incentivar el aseguramiento que beneficia a la economía popular. Reconoció que los seguros son el instrumento más eficaz para asumir los riesgos catastróficos y nos entregó la enorme responsabilidad de gestionar los riesgos asociados al nuevo sistema de protección a la vejez.
La fijación de una tasa nominal de renta más razonable, y menor que el 35 % fue una promesa de campaña del actual Gobierno y, de hecho, sus primeros dos ministros de Hacienda intentaron que el Congreso aprobara su reducción a niveles más alineados con la tendencia internacional, sin éxito. Es una lástima que, en su momento, no se hubiera aprobado esa propuesta, y ahora nos vemos abocados al escenario opuesto: una tasa del impuesto de renta del 50% para el sector asegurador, que es prácticamente confiscatoria.
Pedimos tanto al Gobierno Nacional como al Congreso que se abstenga de imponer sobretasas a industrias cuyo beneficio social es evidente y explícitamente reconocido en las leyes recientes, y que, por el contrario, no postergue más la urgente disminución de la tasa general del impuesto corporativo, en igualdad de condiciones a todos los sectores socialmente útiles.Lo que el país necesita es una tarifa general corporativa razonable y competitiva, y que la tasa efectiva sea cercana a la tasa nominal, como en efecto sucede en casi todo el sector asegurador.
Gustavo Morales Cobo. Presidente ejecutivo de Fasecolda
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