La corrupción como tema de campaña

Bien podemos decir que la corrupción llegó a la tierra con la presencia del reino animal; es histórica, está presente en muchas de las especies del reino animal; no tiene épocas ni fronteras. Lo que puede ser novedoso, o por lo menos lo es en Colombia, es que esta se haya convertido en un tema de muchas campañas electorales. ¿La razón? Simple; este gobierno la sacó del estadio en lo que a la corrupción tiene que ver. Baste ver el organigrama de la corrupción que publicó El Espectador el 30 de noviembre del 2025.

No se trata de casos aislados o de componendas entre politiqueros de pueblo; se trata del círculo más cercano, el círculo de la más entera confianza del presidente, desde familiares en primer y segundo grado de consanguinidad (su hijo y su hermano) y en cargos claves de la administración pública y la economía del estado como la presidencia de Ecopetrol y cercanos a su despacho como lo son el Departamento Administrativo de la Presidencia, cuyo titular, después de fugarse, bailaba protegido en la residencia de la embajada en Nicaragua, en tiempos cercanos a una circular roja de la Interpol, o el ministro del Interior con siete investigaciones en la Corte Suprema de Justicia.

También es clave, por su facilidad para contratar directamente sin límite de cuantía -tremendo manjar para un corrupto-, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), cuyo confeso director Olmedo López aprovechó para desviar recursos a su favor y el de terceros; o la confidente secretaria privada a quien se le desaparece de su cartera una gruesa suma de dinero en efectivo, que entre otras irregularidades llevó a que un coronel de la República cercano al caso se suicidara horas después de haber pagado cincuenta millones de pesos en efectivo como anticipo a un abogado para su defensa, suicidio que de paso ha sido puesto en duda por las mismas autoridades forenses, y a que su niñera fuera conducida por la policía a un tenebroso sótano del Palacio para que bajo intimidaciones confesara ante un aparato ser la autora del robo.

O su oscuro jefe de gabinete el pastor Alfredo Saade, nombrado embajador en Brasil, también sancionado por la Procuraduría. Lista que completa nuestro presidente, como para cerrar su mandato con broche de oro en corrupción, con el nombramiento del acusado penalmente ex alcalde de Medellín Daniel Quintero como Superintendente de Salud, con tres imputaciones penales activas y la sombra de 55 de sus exfuncionarios y contratistas, investigados unos e imputados otros por hechos relacionados con su administración, y del ex alcalde de Cali Iván Ospina, imputado por la Fiscalía y suspendido del cargo por la Procuraduría, nombrado como director de la Nueva EPS, entidad que maneja los recursos para la salud de más de once millones de colombianos. Son tan osados este par de nombramientos que casi que parecieran una provocación.

O el hecho de insistir en el nombramiento de la joven (23 años) Juliana Guerrero como viceministra de su gobierno, después de haberse probado que no contaba con los requisitos para el cargo a la vez que inicia una persecución contra quien señaló la imposibilidad de posesionarla; persecución de la que se protege la entonces directora del Departamento Administrativo de la Presidencia y hoy del Fondo de Adaptación, Angie Rodríguez, mediante denuncias en la Fiscalía y en la prensa de delitos como amenazas, extorsión y constreñimiento, que contienen frases como: “Aquí el chisme, la calumnia y la mentira es política de gobierno”. Episodio similar jamás visto al interior de la Casa de Nariño en nuestra historia reciente.

Gustavo Petro califica como su “mayor error” el “nombrar personas que no servían”, lo que le sucedió en más de 60 oportunidades en sus ministerios, para no hablar de otros cargos por él designados.

Y con estas afirmaciones el mismo presidente nos da la clave más exitosa para acabar la corrupción: nombrar personas honestas y calificadas, como lo han hecho miles de nuestros funcionarios(as) públicos a lo largo y ancho del país en todas las épocas, sin que, claro, hayan faltado las excepciones.

¿Qué queda entonces a los y las candidatos(as) a la presidencia? Convertir en bandera de campaña la lucha contra la corrupción y dejar en segundo plano propuestas como cerrar las brechas entre los colombianos mediante inversión prioritaria en temas de educación, ciencia, tecnología y artes, o fortalecer el sistema de salud, la infraestructura de conectividad multimodal (vial, fluvial, férrea y aérea) para optimizar la logística y dinamizar el comercio, inversiones que entre otras ayudarán a mejorar los índices de seguridad en el país. Una nación mejor formada y mejor conectada crea por sí misma condiciones de seguridad, otro de los grandes clamores de nuestros compatriotas.

Aun cuando en las actuales circunstancias es indispensable que un presidente señale a sus electores la urgencia de velar por el buen manejo de los recursos públicos, definitivamente no debería ser lo que corresponde en un país en que se gastan billones de pesos al año en el control de este flagelo en entidades como la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y las personerías.

He oído de candidatos que incluso se presentan como “el cazador de los corruptos”, lo que definitivamente no debería ser el carácter de un gobernante; el solo verbo me choca, aún más refiriéndose a seres humanos; para investigarlos y sancionarlos están las decenas de miles de profesionales pagados única y exclusivamente para ello desde las entidades arriba mencionadas. La obligación del gobernante es designar profesionales probos y capaces para los cargos a los que se sean nombrados a la vez que ejecutar su programa de gobierno en beneficio de todos y cada uno de los 50 millones de colombianos y colombianas.

No quiero dejar pasar por alto el estilo de gobierno de nuestro presidente, que con características absolutamente autoritarias lleva a comportamientos francamente corruptos. La corrupción no se limita a la apropiación de recursos públicos; también incluye el abuso del poder en beneficio particular, y suele verse favorecida por prácticas autoritarias que debilitan los controles institucionales; un ejemplo: su inocultable interés en direccionar recursos públicos a la promoción de actos de su gobierno, entre otras acciones encaminadas al mismo fin, como si para mejorar la calidad de vida de la nación no hubiera sido elegido y no fuera su obligación como gobernante. Lo hace con el fin de buscar la continuidad de su programa de gobierno como con frecuencia lo repite. Un presidente a quien le incomodan los tres pilares de una democracia. A Gustavo Petro le incomoda el sistema judicial, le incomoda también el parlamento y, claro, la prensa. ¿Se puede llamar un demócrata a quien así actúa? Amén de las incalificables faltas de respeto a sus subalternos(as) (preferentemente a mujeres y miembros de las minorías) en los canales de televisión en horario triple A, a la vez que prefiere gobernar mediante decretos.

Un presidente que desde una tarima en la Plaza de Bolívar ondea en una mano la bandera de la guerra a muerte y en la otra la espada de Bolívar. ¿Guerra a muerte contra sus compatriotas? ¿Habrase visto? ¿Un presidente que declara la guerra a muerte a su propia nación puede llamarse demócrata? Definitivamente no lo es y nos recuerda a otros dictadores que ha tenido nuestra querida América Latina, como el chileno Augusto Pinochet.

¿Será que se necesita ser experto en semiótica para ver con claridad la infinitesimal distancia -para no decir identidad total- que hay entre el kepis y las gafas oscuras del general Pinochet con la cachucha de Petro, igualmente decorada con el escudo patrio y las doradas ramas de Laurel? Es inevitable, cada vez que vemos o sabemos de nuestro presidente, traer a la memoria la imagen de su querido y añorado mentor, el general Gustavo Rojas Pinilla, el único dictador que ha tenido nuestra querida patria.