Por: Carolina Botero Cabrera

No, la pobreza no debería ser el conejillo de indias de la tecnología digital

El Sisbén es un sistema de clasificación social a cargo del Departamento Nacional de Planeación (DNP), que sirve para establecer las personas que pueden ser beneficiarias de programas sociales en el país. Sin embargo, en línea con la tendencia mundial, la forma como se está incorporando la tecnología digital puede crear un “sistema de vigilancia para personas en situación de pobreza”, en los términos del reciente fallo de la Corte holandesa.

El Sisbén es un sistema de clasificación social que le asigna un puntaje a las personas en una escala de 0 a 100 donde el mayor puntaje es el más "próspero". El puntaje de las personas registradas en el Sisbén es la herramienta que usan las entidades públicas que distribuyen los beneficios sociales estatales para determinar quién los merece.

En el Día Mundial de la Justicia Social, Fundación Karisma, donde trabajo, publicó una investigación sobre este tema que analiza el caso del Sisbén. Entre otros hallazgos, nuestro informe advierte que el DNP, como pasa con otros sistemas de evaluación de elegibilidad para programas sociales en el mundo, está desplegando esfuerzos y recursos para incorporar tecnología digital en el Sisbén a partir de la obsesión por evitar el fraude, La función es la de “pescar al mentiroso” sin importar los daños que se puedan generar.

El problema es que poner el foco de las tecnologías usadas en el estado de bienestar sobre el fraude, es una tendencia muy problemática desde la óptica de los derechos humanos. Estos sistemas se saltan principios como la buena fe para convertir a todas las personas en sospechosas. Esta tendencia debe ser revisada, como lo expuso el Relator de las Naciones Unidas para la pobreza extrema, Philip Alston, en su informe de octubre pasado sobre tecnologías en el estado de bienestar.

En ese informe, Alston indicó que, con frecuencia, estos sistemas priorizan la lucha contra el fraude. Según el Relator, los Estados lo justifican en que hay una gran cantidad de recursos que se pierden por fraude y en que es necesario hacer más eficiente el proceso de distribución de los escasos recursos para beneficiar a esta población. Advierte que la magnitud de estos problemas suele estar sobredimensionada. Centrarse en este aspecto, según señala en su informe, olvida que es tan solo uno en la compleja ecuación del bienestar social, mientras por otra parte puede afectar en gran medida a una población vulnerable.

El mercado tiene una oferta muy amplia para que los Estados usen tecnología en sus sistemas de asignación y seguimiento a beneficios sociales. El sector tecnológico mercadea con términos de moda para solucionar problemas tan complejos como la pobreza. Le venden la idea a los Estados de que, con esas bases de datos y usando big data, sistemas de toma de decisiones automatizadas y soluciones de inteligencia artificial que incorporen modelos de riesgo y predicción, encontrar a quienes defraudan el sistema es posible. ¡La tentación es grande!

Sin embargo, como se probó en Holanda, el problema es que ese experimento se hace con una de las poblaciones más vulnerables de un país, es decir, con personas sobre las que el Estado tiene especial deber de protección. La aceptación de experimentar con los datos de estas personas no reconoce que una falla puede poner en riesgo su vida y que la posibilidad de disputar los daños es mínima. Lo que explicaron los accionantes en el caso holandés es que estos sistemas de bienestar digital estatal operan secretamente y sin controles efectivos, además, suelen desarrollarse sin mayor consulta.

El análisis que hizo la Corte holandesa le permitió afirmar que el sistema funciona de tal forma que equivale a espiar a las personas en situación de pobreza, viola sus derechos humanos y las penaliza injustamente. La Corte echó para atrás el sistema en el primer fallo en el mundo sobre este tema. Seguramente será un importante precedente.

El informe de Alston y el fallo de la Corte holandesa dan un marco necesario para leer el informe de Karisma Automatización, tecnologías digitales y justicia social: la experimentación con la pobreza en Colombia que se ocupa en concreto del Sisbén. Estos documentos sirven como insumos concretos para iniciar esta reflexión en el país y hacer los ajustes locales necesarios porque las personas beneficiarias del Sisbén son el eslabón más vulnerable de la ecuación y los efectos de este experimento social pueden afectar gravemente sus vidas.

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