Por: Carolina Botero Cabrera

Transición de gobierno, transición digital

El 31 de octubre de 2016, la Casa Blanca explicaba cómo sería la transición digitalentre el entrante y el saliente Gobierno en EE. UU. Bajo la premisa de reconocer que las redes sociales habían modificado sustancialmente las interacciones entre Gobierno y ciudadanía, se presentaba el plan para preservar y entregar el archivo digital y las redes sociales de la administración saliente.

Cuando leí ese artículo me pareció brillante y propio de una sociedad pragmática como la gringa. Lo digo porque contrastaba con lo que había sucedido en diciembre de 2015 en Argentina cuando la saliente presidenta Cristina Kirchner abandonó el despacho y se llevó la cuenta de Twitter @CasaRosadaAR; o lo que sucedió a principios de 2016 cuando durante la transición entre la administración de Petro y la de Peñalosa en Bogotá se ocultaron los videos de la cuenta de YouTube de Canal Capital.

En EE. UU., se diseñó un proceso de transición de las redes sociales entregando las claves de las cuentas de redes sociales al equipo de Trump, transfirieron los usuarios de la cuenta de Twitter de Obama a la de POTUS —diferenciando las dos pero garantizando que los tuits del primero se conservaran para acceso de las personas—. De otra parte, el plan de transición digital incluyó diseñar procesos para que los contenidos de los ocho años de administración Obama, de todas las redes sociales, quedaran a disposición y para descarga de cualquier persona.

En cambio, ese mismo año en Colombia, la Alcaldía de Bogotá decía: “Existe un concepto de la oficina jurídica de la Presidencia que dice que las plataformas 2.0 (YouTube, Twitter, Facebook) no pueden considerarse como repositorio oficial de información del Estado, dado que son propiedad de privados y en caso de desaparecer se perdería dicha información. En otras palabras, esa información pública no se ha perdido. Reposa en los archivos del Canal Capital y de la Alcaldía, y a solicitud de cualquier ciudadano cuando se requiera”.

La diferencia es crucial. Los primeros reconocen el valor del acceso a la información para las personas y su obligación activa de permitirlo, incluso si no hay una orden expresa que los obligue. Los segundos no niegan ese valor, pero “si necesita algo pídalo”.

En esta etapa de transición es muy importante que gobiernos entrantes y salientes incorporen prácticas de transparencia que no nos priven de la información pública de un período histórico para el país. En las redes sociales del Gobierno Santos está la historia del proceso de paz y de esta nueva etapa de posconflicto; está la historia de la reacción del Gobierno en nuestros conflictos limítrofes con Nicaragua; las reacciones del Gobierno a las discusiones sobre “internet.org” de Facebook; sus impresiones frente a catástrofes como la de la invernada en 2011 o la de Mocoa en 2017; preservar es esencial para nuestra memoria histórica. Si la transición entre Petro y Peñalosa fue un desastre y los afectados fuimos los habitantes de Bogotá, a estas alturas espero que algo hayamos aprendido.

La Ley de Transparencia tiene incorporado el principio de facilitación, es decir, la información pública debe ser accesible de la forma más rápida y fácil posible, ocultar el contenido va en contra de la libertad de expresión porque afecta el libre acceso a la información.

Le corresponde al Gobierno de Duque garantizar que esta transición suceda ordenadamente y además se preserve y que se continúe pudiendo acceder a los archivos digitales del Gobierno de Santos. Esto, sin duda, está totalmente vinculado con todo el discurso tecnológico del nuevo presidente y debería encajar en sus lógicas de economía digital y economía naranja, donde el acceso a la información pública es un activo digital.

 

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