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Ante los embajadores de varios países de la región en el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA), la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez entregó este jueves un balance del Gobierno Nacional sobre las protestas en Colombia, que se iniciaron el pasado 28 de abril y, si bien su magnitud ha mermado, en algunos puntos del país y de Bogotá aún permanecen concentraciones.
Ramírez señaló que entendía la molestia de la ciudadanía y la participación legítima en las protestas, pero que estas deben hacerse de manera pacífica. “Desde el 28 de abril, Colombia ha venido sufriendo una situación atípica, completamente desconocida para nosotros, porque, de la mano de esas protestas, desafortunadamente se ha desarrollado una serie de actividades violentas (…) de unos grupos minoritarios que han utilizado las protestas para destruir, para incitar a la violencia, para salir armado”, señaló la funcionaria.
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En ese sentido, entregó cifras de las manifestaciones que registró el Gobierno y en cuáles hubo intervenciones de la Fuerza Pública. “Hemos tenido 14.055 manifestaciones, de las cuales ha habido 12.416 que han sido pacíficas. Lamentablemente ha habido unas que han tenido violencia y esas han requerido la intervención de la Fuerza Pública, unas 1.600, cerca del 10 %. Entonces, que no se diga que en Colombia se desconoce la protesta pacífica porque la Policía está interviniendo”, ilustró la canciller.
Aseguró que en cualquier país de Europa o de Asia cualquier acto de violencia requiere la intervención de la Fuerza Pública. Igualmente, se refirió al daño al patrimonio y a la infraestructura. “El modus operandi es algo que debemos tener en cuenta”, dijo Ramírez, y asemejó lo que ha sucedido en Colombia con lo que ha pasado en Chile o Ecuador. “Lo que le ha sucedió a Colombia puede suceder mañana en cualquiera de los países del hemisferio y es por eso que tenemos que insistir en que la manifestación pacífica es un derecho (…) pero sabemos que estos instrumentos dicen que el Estado tiene que actuar cuando se trata de la defensa y seguridad nacional, de la defensa del orden público y la defensa de los demás ciudadanos”, agregó.
Según la canciller, las autoridades en Colombia han incautado, durante las recientes protestas, más de 41.000 armas, como pistolas, revólveres, armas de largo alcance y armas cortopunzantes. “Tenemos que permitir que las autoridades actúen contundentemente cuando no hay una protesta pacífica porque el Estado tiene la obligación de proteger los derechos de todas las personas”, manifestó.
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Al tiempo que habló de las reformas a la Policía que se tramitan en Congreso, también criticó fuertemente los bloqueos que fueron realizados en varias ciudades y que obstruyeron el ingreso de abastecimiento y otros bienes. Por ejemplo, señaló que las manifestaciones le han costado al país 12 billones de pesos. “12 billones de pesos ha perdido Colombia, 1.700 bienes privados perdidos, 2.200 bienes públicos, una gran destrucción de la infraestructura y al sistema de transporte público”, señaló la canciller.
“Hay jornadas de protesta que se utilizan por minorías que tienen el claro propósito de generar desconcierto, caso, destrucción, debilitar la institucionalidad, afectar la gobernabilidad, en fin, desestabilizar a nuestras sociedades”, concluyó Ramírez. La participación de la vicepresidenta ante la OEA se da luego de la visita de una delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al país, que está ad portas de entregar un informe sobre la violencia estatal en medio de las manifestaciones.