El hundimiento de la reforma política es, en pocas palabras, un incumplimiento del Acuerdo de Paz firmado por el Gobierno y la exguerrilla de las Farc. Algo que, además, tenía que ser acatado por todos los estamentos del Estado, incluyendo el Congreso de la República, como lo ordenó la Corte Constitucional en un fallo reciente. Pero, hablando claro, lo mejor que podía pasar con un articulado que no tenía ninguna trascendencia y que no le haría ni cosquillas al sistema político colombiano era que se archivara. De esa forma queda abierta la posibilidad de iniciar un debate público y amplio para concertar y presentar una nueva reforma que sí cumpla con la promesa de ser estructural.
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Durante su paso por la Cámara de Representantes, el articulado sufrió modificaciones considerables que desdibujaron sus intenciones de lograr una apertura democrática y fijar puntos fundamentales, como el de tener una autoridad electoral independientes del Poder Legislativo y los intereses políticos. Luego, de la Comisión Primera del Senado, en donde se arregló en poco más de una hora, salió prácticamente irreconocible. Hoy, paradójicamente, para muchos de los partidos que participaron en los diferentes debates en los que el texto fue mutilado, la reforma que quedó no es una reforma sino “una pieza de legislación inútil y dañina para el sistema democrático colombiano”, según varios congresistas.
En la tarde del martes, en Senado se cantó la muerte de la iniciativa. A los liberales que habían anunciado su voto negativo para la plenaria, también se unieron senadores de la U, Cambio Radical y el Partido Conservador, sin contar al Centro Democrático, para decirle no a la reforma. Sin embargo, la inefectividad del nuevo texto ya había sido advertida por la MOE e incluso por el componente de la FARC en la Comisión de Seguimiento, Impulso y Verificación a la Implementación del Acuerdo Final (Csivi).
Así las cosas, se aplaza, sin certeza de por cuánto tiempo, el establecimiento de un régimen de adquisición progresiva de derechos que estaba pensado para estimular la participación política y el fortalecimiento de los movimientos políticos minoritarios. Su funcionamiento estaba pensado para que estos grupos pudieran obtener la personería jurídica sin la necesidad de alcanzar el umbral de votación, un requisito que sólo quedaría para los partidos políticos. De esta manera, los movimientos podrían hacer uso de uno solo de los derechos que tienen las grandes colectividades legalmente constituidas: avalar y postular candidatos a las corporaciones públicas.
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Sin embargo, ante el fracaso de la reforma se ha dicho que en lo que tiene que ver con la adquisición progresiva de derechos se podrá presentar un proyecto de ley por la vía ordinaria. “Sobre eso nadie está en contra, pero ya no sería una reforma sino la modificación de un artículo”, dijo el senador Mauricio Lizcano, de la U. Esa posibilidad, de todas maneras, ya había sido discutida con anterioridad a la presentación del texto de la reforma y fue desestimada al considerar que no se lograrían las mayorías y que la única forma de garantizar la adquisición progresiva de derechos era a través de una reforma estructural. Ahora, si se aprobaba la ponencia de la reforma en la plenaria, ese asunto también quedaba aplazado, pues su aplicación quedaba sujeta al trámite de una ley estatutaria que, por obvias razones, no iba a pasar por el fast track.
Acaba la vigencia del fast track y al Gobierno le tocará tramitar las iniciativas de paz a través de la vía ordinaria, es decir, que proyectos de acto legislativo cumplirán con los ocho debates constitucionales y se tomará el doble de tiempo para su discusión y aprobación. Pero hay otras alternativas sobre la mesa: pedir al Congreso habilitar un nuevo período de fast track para los último seis meses que le quedan a la legislatura. Para nada es una propuesta descabellada, pues la implementación apenas está en su etapa inicial y será un tema de largo aliento en el nuevo Congreso que sea elegido. Quedará en manos del saliente gobierno de Santos analizar cuál será el mejor camino para que no se dilaten los asuntos más urgentes del acuerdo y, además, puedan empezarse a discutir los que pasaron de agache y afectan directamente a los territorios golpeados por el conflicto, como la reforma rural integral.
“Habrá que hacer un balance del fast track. Hay teorías jurídicas y políticas frente a lo que puede suceder después del 1º de diciembre. Lo cierto es que la alteración del proyecto representa una violación. No se trata de una reforma para la FARC, porque los componentes de reincorporación política ya fueron aprobados, sino que la apertura democrática es parte del punto dos del Acuerdo, y el derecho de participación política es fundamental”, comentó Francisco Toloza, de Voces de Paz. Se cayó una reforma que no era reforma, pero no hay mal que por bien no venga.