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A Quemarropa con Gabriel Rubiano, candidato al Senado por la U

El candidato al Senado tiene como principal preocupación el uso de menores de edad para la mendicidad. Así mismo, apoya un proyecto que regule la hoja de la coca, como alternativa a la lucha contra el narcotráfico.

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10 de febrero de 2022 - 05:45 p. m.
Gabriel Rubiano es candidato al Senado por el Partido de la U. En el tarjetón lleva el número 94.
Gabriel Rubiano es candidato al Senado por el Partido de la U. En el tarjetón lleva el número 94.
Foto: Cortesía
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¿Cuál es su mayor motivación para ser congresista de Colombia?

Mi mayor motivación es el bienestar de los niños de Colombia. Hoy se ha normalizado, en las principales ciudades, ver a personas en los semáforos, en el transporte público, o en las esquinas de la calle en compañía de niños en obvias pésimas condiciones. Mi deseo es llegar al Senado para combatir este flagelo, producto de la pobreza, el desempleo, y, en muchos casos, tristemente, del negocio que se ha convertido la lastima que produce mendigar con niños.

¿Ha tenido alguna investigación disciplinaria o penal? De ser así, cuéntenos su caso.

Ninguna.

¿Cómo está financiando su campaña al Congreso?

El Partido de la U me ha brindado algunos recursos, y con dinero propio.

De ser electo, ¿cuál será su principal proyecto en el Congreso?

En Colombia, la mendicidad infantil es delito, pero mendigar con niños no lo es. En la práctica, es lo mismo, y personas sin escrúpulos aprovechan este vacío legal para sacar negocio de la lástima de pedir limosna con niños, sometiéndolos a la intemperie del clima, a la contaminación, al COVID-19 y la inseguridad de las calles. Mi principal proyecto es tipificar como delito la mendicidad en compañía de menores. Debemos aportar soluciones a la pobreza que promueve esta situación.

A su criterio ¿cuáles son los principales problemas de Colombia y cómo solucionarlos?

Creo que a Colombia la mantienen en el subdesarrollo, principalmente, dos factores (aunque hay más): la corrupción y el narcotráfico. La solución encierra temas complejos, pero hasta de sentido común. Primero, la regulación y eliminación de entidades que solo generan burocracia, la renovación del Congreso con períodos limitados en ambas cámaras y una justicia y Fiscalía libres de sesgos políticos. También deben eliminarse beneficios a corruptos. Respecto al narcotráfico, debe legalizarse, y regularse el uso de la hoja de coca.

¿Realizaría alguna modificación al Acuerdo de Paz? ¿cuál y por qué?

Pese a lo que se cedió, y lo que cuesta aceptar dar prioridad a la paz sobre la justicia, es un acuerdo sano para el país. Las estadísticas lo demuestran. Es crucial cumplir cabalmente lo acordado. Las Farc deben reparar verdaderamente a las víctimas, contar toda la verdad, y entregar su patrimonio ilícito que dé resarcimiento al pueblo colombiano. El asesinato de los excombatientes tiene una responsabilidad del Estado por el abandono. Esto debe corregirse.

¿Está de acuerdo en que el Gobierno adelante diálogos de paz con el Eln? ¿por qué?

Apoyaré alternativas de diálogo para concluir el conflicto y la violencia que aquejan al país, pero considero que el Eln debe dar muestras de una voluntad real de terminar el conflicto y sus actividades ilegales. No se puede hablar de diálogo mientras este grupo armado secuestre, perpetre atentados y traquetee en la región. El Eln debe cesar su actuar delictivo y entregar a los secuestrados sin condiciones para poder iniciar un proceso de desmovilización y acuerdos que acojan a sus integrantes.

¿Qué posición tiene sobre la legalización de las drogas?

El problema de las drogas debe tener un enfoque de salubridad, en el que no se criminalice al consumidor. Una de mis propuestas es revivir el debate de la legalización de la hoja de coca en Colombia. Hay estudios que demuestran que la erradicación es un fracaso. Precisamente la ilegalidad de la cocaína es la que hace tan rentable el negocio para los narcotraficantes. Los recursos invertidos en la erradicación, el impacto ambiental, de seguridad para las comunidades, es inmenso.

¿Ampliaría los derechos sobre aborto y eutanasia que ya contempla la Corte Constitucional bajo jurisprudencia?

No, considero que, aunque muy complejos, son adecuados. Lo crucial es garantizar que se cumpla lo indicado por la Corte. No puede haber dilaciones ante procedimientos autorizados por comités médicos y amparados bajo la jurisprudencia que nieguen en la practica los derechos de las personas. Creo que, por la naturaleza de estas situaciones, no debería abrirse una puerta ilimitada para acceder a estos procedimientos. El aborto no es un método de planificación, ni la eutanasia un suicidio asistido.

Hay muchos obstáculos para que funcionarios cumplan las sentencias de la Corte Constitucional sobre derechos de personas LGBT+ y parejas del mismo sexo. ¿Qué acciones impulsaría para acabarlos?

Aquel funcionario que tenga cualquier tipo de objeción de consciencia para tramitar un derecho de personas LGBT+ que se declare impedido, y ceda el trámite a otro funcionario, pero que no atropelle ni obstaculice por sus creencias o convicciones personales lo que la Constitución protege. Las personas LGBT+ han adquirido derechos civiles, no religiosos, y esto debe respetarse. Esto debe regularse por las entidades que regulan y vigilan el ejercicio de estos funcionarios.

¿Está de acuerdo con que las iglesias paguen impuestos como el de la renta? ¿por qué?

Los ingresos percibidos por las iglesias sin lugar a duda implican un crecimiento de su patrimonio. Considero que como no hay un ánimo de lucro, sino un fin social, si bien las iglesias no deben declarar y pagar un impuesto sobre la renta, sí debiera gravarse en alguna medida su declaración de ingresos y patrimonio, al menos, para los patrimonios más grandes.

¿Estaría de acuerdo con una reforma a la Policía? Y, en esa línea, ¿cree que debe acabarse el Esmad?

Más que una reforma, yo pienso que la Policía, (y por extensión el Esmad) debe tener una profesionalización. Un verdadero enfoque de protección de los ciudadanos, pero siempre bajo lineamientos humanitarios. El policía debe enfrentar la delincuencia, la ilegalidad, pero no puede por eso atropellar, en algunos casos, a los más humildes. Eso se logra con educación. Una Policía humanitaria será una Policía respetada y querida por los colombianos. El Esmad debe continuar, es necesario.

¿Qué propuesta concreta tiene para garantizar la paridad y los derechos de la mujer?

Creo que la constitución ya garantiza los derechos de la mujer. No hay en Colombia derechos que cubran a los hombres y excluyan a las mujeres. El papel de la mujer es fundamental. Creo que están las condiciones que permiten a la mujer empoderarse a nivel político, laboral, económico y social. Toda exclusión hacia la mujer debe ser investigada y resarcida con celeridad. Mi propuesta es educación temprana en derechos humanos para abolir la cultura machista aún vigente en Colombia.

¿Qué propone para reformar la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes y lograr resultados tangibles en su labor?

Creo que una reforma radical implicaría aumentar el plazo de vencimiento de términos. Muchas investigaciones cesan ante los trámites burocráticos y administrativos. Las acciones dilatorias son muchas veces la mejor alternativa para que se archiven procesos y se embolate la labor de la comisión.

La corrupción es un problema de primer orden en el país: entre 2018 y 2021, según Invamer Poll, el porcentaje de personas que considera que es un asunto que está empeorando pasó del 71 % al 90 %. ¿Cuál es su propuesta concreta para hacerle frente a este flagelo y lograr resultados?

Creo que lo primero es la regulación de entidades burocratizadas, en la Procuraduría y la Contraloría, por ejemplo. El Congreso debe renovarse con un máximo de 3 períodos por congresista, para evitar a los clanes políticos que tanto le cuestan al país. Altos cargos, como el del fiscal general, deberían llegar en ternas a la Corte Suprema de Justicia por trámites de méritos, y no como cuota del Ejecutivo, e igualmente para el procurador. Estas acciones brindarían transparencia y confiabilidad.

Tres de cada cuatro colombianos, según Invamer Poll, tienen una imagen desfavorable del Congreso. ¿Qué haría para contrarrestar esa imagen negativa?

La diversidad política, de izquierda, derecha o centro confirman el ejercicio de la democracia, pero el problema está en los exponentes. El Congreso debe renovarse, para evitar la contaminación de la perpetuidad en el poder legislativo. Esta imagen negativa solo se puede cambiar trabajando, siendo equitativos. El Congreso es empleado del pueblo. ¿En qué empresa el empleado escoge su sueldo, sus vacaciones, sus aumentos y sus prebendas? Empecemos por cambiar ese enfoque y la confiabilidad en el Congreso mejorará.

¿Propondría desde su posición de congresista un acercamiento diplomático y comercial con Venezuela con miras a restaurar las relaciones entre ambos países?

La dictadura venezolana refugia y financia disidencias guerrilleras y grupos al margen de la ley que afectan directamente los intereses de Colombia. Mientras esta situación no cambie, no es viable restablecer relaciones.

Si quiere conocer más al candidato y sus propuestas, lo puede seguir en su página de Facebook.

Nota del editor: ¿Es candidato al Senado o a la Cámara en las próximas elecciones? Lo invitamos a responder el cuestionario de A Quemarropa para que los lectores de El Espectador conozcan sus propuestas y posiciones frente a ciertos temas de interés nacional. Para conocer las condiciones sobre cómo participar, visite el siguiente link.

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