Tras ser conciliado por la plenaria del Senado, este jueves el Congreso de la República aprobó finalmente el proyecto de ley que garantiza el acceso a una eventual vacuna contra el COVID-19 y que declara de interés general la estrategia para la inmunización de la población colombiana contra el coronavirus.
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Sin mayores modificaciones frente a lo aprobado en Cámara, el Senado aprobó la conciliación con 73 votos a favor y 18 en contra. Entre los opositores figuró la senadora Angélica Lozano (Alianza Verde), quien insistió en que la gratuidad que pretende la iniciativa frente a un eventual fármaco “ya es una regla en las vacunas”.
Lozano alegó además que el proyecto, que ahora solo le resta ser sancionado por el presidente Iván Duque para ser ley de la República, les da beneficios a las farmacéuticas, le quita competencias al Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos (Invima) y supone barreras al acceso a la justicia. En ese mismo sentido se pronunció el senador Jorge Robledo (Polo Democrático), quien advirtió que se les darán “concesiones inaceptables” a las trasnacionales farmacéuticas.
La iniciativa consagra también que los empresarios tengan un descuento tributario si donan recursos para su compra. El proyecto, de autoría del representante Ricardo Ferro (Centro Democrático) y que tenía mensaje de urgencia del gobierno de Iván Duque, coincidió con un reciente anunció del Ministerio de Salud, que sostuvo que están aseguradas 20 millones de dosis de una eventual vacuna a través del sistema COVAX, un esfuerzo mundial de vacunas.
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Previamente, durante la discusión de último debate en Senado se incluyó un artículo para que el Ministerio de Salud realice campañas pedagógicas sobre el funcionamiento y los procesos de inmunización contra el coronavirus, con el objetivo de consolidar el aprendizaje, confianza y dialogo en torno a la vacunación.
Adicionalmente, se acordó que la entidad emitirá y publicará mensualmente un informe de fácil acceso a la ciudadanía en relación con todas las gestiones y medidas que integran el objeto de la ley en materia de gratuidad.
“Dicho informe deberá ser allegado y expuesto en sesiones ordinarias de las Comisiones Séptimas del Senado de la República y de la Cámara de Representantes. También deberá ser remitido a la Contraloría General de la República, sin perjuicio de las funciones constitucionales atribuidas a ese órgano de control”, establece la iniciativa.
También se habilitó al Gobierno “para concertar alianzas estratégicas con organismos multilaterales y el sector privado” para responder a cualquier amenaza o pandemia, no solo en la actual contingencia. El proyecto también contempla que se otorgue un descuento tributario de hasta el 50% en el impuesto a la renta para aquellas personas que donen recursos para la compra de la vacuna. Esta figura es similar a la que se conoce como obras por impuestos.
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Este fue uno de los puntos más controversiales, pues, desde la discusión de la ponencia, senadores como Gustavo Bolívar se opusieron a que se les rebajara impuestos a los más ricos. Iván Marulanda, de los Verdes, añadió en este punto que se les estaba entregando a privados la asignación de los recursos públicos. “Se recarga a los sectores menos favorecidos el valor de los beneficios tributarios, pues son recursos que deja de recibir el Estado”, comentó el senador.
A su turno, el representante José Daniel López (Cambio Radical) en un duro pronunciamiento contra el Gobierno Nacional de Iván Duque, le recriminó que tiene el “récord mundial en improvisación” frente a la gestión para acceder a una vacuna.
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“A hoy, Colombia no ha cerrado acuerdos con ningún laboratorio desarrollador de vacunas, ni ha adelantado esfuerzos diplomáticos distintos a COVAX, para comprar vacunas en bloque junto a otros países latinoamericanos, como llevamos proponiendo hace años. La consecuencia de todo esto es que Colombia puede quedar en los últimos lugares de la lista de espera por las vacunas. Eso significa vacunas más costosas y demoradas”, reprochó el parlamentario.
