Varios movimientos en la Comisión de Acusación han ocurrido en los últimos días y todos involucran al presidente Gustavo Petro. Este mismo miércoles se conoció un auto de suspensión que radicó la representante Gloria Arizabaleta contra el mandatario y se abrió debate por las vías que tendría que superar antes de que eso se concretara. Sin embargo, horas después se conoce la apertura de otra investigación penal contra el jefe de Estado.
En esta ocasión, se trata de un expediente en torno a una denuncia por presuntos sobrecostos en la compra de 17 aviones de combate Gripen, anunciada el 14 de noviembre de 2025. Un auto emitido por el despacho de la representante resolvió “ordenar la apertura de investigación previa en materia penal” y “la ruptura procesal en materia disciplinaria y fiscal”, por lo que solicita a la misma comisión someter “a reparto con nuevos radicados y se adelante las investigaciones de carácter disciplinario y fiscal de manera independiente”.
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El expediente investigará la posible comisión de seis delitos, que incluyen presunto interés indebido en contratos, fraude procesal y cohecho. Para ello, también se ordenó la compulsa de copias a la Fiscalía para investigar a Verónica Alcocer y también se pidió al Ministerio de Defensa de Pedro Sánchez remitir “toda la información y documentación” relacionada con la compra de esos aviones. Tanto a la Procuraduría como a la Contraloría se les solicitó copias íntegras del “proceso disciplinario” y del “proceso de responsabilidad fiscal” que allí residen sobre ese tema.
Pero, sumado a eso, alrededor del tema de la presunta participación en política del mandatario existen 11 expedientes activos y dos denuncias radicadas —por el copresidente de Cambio Radical, Enrique Vargas Lleras, y por el representante Hernán Cadavid (Centro Democrático)— en las últimas semanas. De allí fue que nació la solicitud de suspensión del jefe de Estado y, además, la apertura de una investigación disciplinaria este mismo martes contra Petro.
La denuncia cita 15 publicaciones de la cuenta personal del mandatario entre 2023 y 2025, y argumento que los trinos “podrían guardar relación con actividades o controversias de carácter político-partidista”. De acuerdo con el documento, “sin constituir por sí mismas un juicio anticipado sobre la responsabilidad del investigado, [estos] revisten entidad suficiente para justificar el inicio de la actividad instructiva dirigida a verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, establecer las circunstancias en que estos tuvieron lugar y determinar su eventual relevancia jurídica”.
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Y entre los otros expedientes sobre los que el país está a la expectativa está el de la presunta violación a los topes de campaña en 2022. La Comisión de Acusación está dividida en torno a los pasos a seguir: mientras el representante Alirio Uribe (Pacto Histórico) presentó una ponencia para archivar el caso, los representantes Arizabaleta y Wilmer Carrillo (Partido de la U) argumentan que debe citarse al jefe de Estado a indagatoria.
Todas las decisiones que rodean esos expedientes, tal y como el auto que busca suspender a Petro, deben pasar primero por una votación en la misma comisión, integrada por 18 representantes, dos de los cuales han renunciado: Leonardo Gallego (Partido Liberal) y Wadith Manzur (Partido Conservador). Ninguna de las dos ha sido aceptada y el segundo se enfrenta, además, al proceso por su presunta implicación en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd). Actualmente, está recluido en la Escuela de Carabineros de la Policía, en Bogotá.
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