Agenda legislativa: cambios urgentes en protección de niños, niñas y adolescentes

Miembros de la Comisión Accidental de Infancia y Adolescencia del Senado de la República

Foto: Twitter Senado de

El Senado de la República instaló, este martes 18 de abril, la Comisión Accidental de Infancia y Adolescencia, convocada y coordinada por la Senadora Lorena Ríos, del partido Colombia Justa Libres, la cual contó con la participación de los senadores miembros de la Comisión: Karina Espinosa, Soledad Tamayo, Sandra Jaimes, Esteban Quintero, Mauricio Giraldo y la Representante Erika Sánchez, coordinadora de la Comisión en la Cámara de Representantes.

Asimismo, hicieron presencia la directora del ICBF, el Superintendente de Subsidio Familiar, la Procuradora Delegada para la Defensa de los Derechos de la Infancia, Adolescencia, Familia y Mujer; La Defensora Delegada para la Infancia, Juventud y Vejez, FAO Colombia y alrededor de 29 organizaciones de la sociedad civil, también hicieron parte del evento.

Según las intervenciones de los presentes, el panorama para la niñez no es alentador. Por parte del ICBF, se afirmó que hoy cuentan con cifras que les permitirán actuar y tomar decisiones como país, ya que, según la directora, Astrid Cáceres, los enfoques de atención que se han dado a los problemas que tienen los niños y niñas y adolescentes se encuentran focalizados por temas generales, no en términos territoriales.

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Cáceres agregó que el Departamento Nacional de Planeación (DNP) entregó al ICBF un índice de interrelación de violencias con siete indicadores: violencias intrafamiliares, interpersonal y sexual, madres adolescentes, adolescentes en unión temprana, los menores que trabajan, los que son víctimas de violencia, la pobreza multidimensional y las muertes por desnutrición, arrojando datos por municipios que les permiten la priorización de acciones específicas y protectoras con el objetivo de que “crezca una generación en paz”.

Por su parte, el Superintendente del Subsidio Familiar, Luis Guillermo Pérez, afirmó que frente a las propuestas del Gobierno Nacional que buscan generar espacios de protección y atención a los menores, se debe tener en cuenta el trabajo que desde hace 65 años hacen las cajas de compensación, a las cuales exhortó sobre la necesidad de aumentar el cubrimiento de los menores, aprovechando los recursos y la infraestructura que han ido acumulando durante todos estos años.

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No es un dato menor los 544.134 millones de pesos que, según el funcionario, recibieron estas entidades el año anterior. Afirmó que este es un “sistema muy rico, infraestructuras mejores que las gobernaciones y alcaldías, con centros deportivos, formación para niños con discapacidad, personas desempleadas, tercera edad, cultura, deporte, recreación, más las cuotas monetarias por cada niño”.

Por parte del Ministerio Público, la delegada de La Procuraduría, Viviana Mora, enfocó su intervención en las necesidades de esta Comisión en responder al interrogante: ¿Cuáles son las temáticas o propuestas que deben hacerse desde el legislativo para promover para la protección a los menores?

La delegada de la Procuraduría expuso las problemáticas que vienen afectado la vida y la protección de los menores. Desde una labor preventiva, adelanta procesos de seguimiento a la violencia escolar, violencia sexual en universidades oficiales, a los programas de alimentación escolar, la deserción escolar, entre otras. Se hizo énfasis en la importancia de la misión que lidera el ICBF y el fortalecimiento de las comisarías de familia como herramientas fundamentales para actuar hoy.

La Constitución Política consagra la protección integral de los menores. Además, desde el 8 de noviembre de 2006, Ley 1098, se buscó adecuar en gran parte los mandatos de la convención de los derechos de los niños y fortalecer las instituciones que rodean esta función.

Según la funcionaria del ministerio público, la mencionada legislación ha sido modificada por 15 decretos y 25 leyes. “Hay una dispersión legislativa que hace casi imposible desde los procesos saber qué estatuto miramos, qué resolución, qué modelo de atención”.

Asimismo, la delegada de la Defensoría del Pueblo, Verónica Martínez, aseguró que los retos en esta materia son enormes y que desde esa entidad en el mes de mayo presentarán un informe sobre ¿Cuál es la respuesta estatal frente a los casos de violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes? Según las cifras entregadas por la funcionaria, La Fiscalía reporta 1,978 denuncias por violencia sexual y 2,723 exámenes médico-legales, en lo que va corrido del año.

Martínez también alertó sobre las violencias que sufren los menores en los entornos protectores cómo la familia, que en ocasiones se convierten en escenarios de riesgo para ellos. Agregó, que continúa el aumento del “el reclutamiento, uso y utilización” de los menores en el conflicto armado e invitó a los miembros de la comisión a conocer las Alertas Tempranas que la Defensoría ha emitido en torno al tema y solicitó al Gobierno Nacional que “de manera directa nos cuente como va a estar este tema en los diálogos de paz que hoy se proponen”.

Por su parte, el delegado del Departamento de Planeación Nacional, Manuel Reina, afirmó que “Colombia necesita un cambio fundamental en favor de sus niños, niñas y adolescentes, si no existe ese cambio, todos los objetivos de desarrollo y de superación del conflicto y la desigualdad, no van a ocurrir”, por eso indicó que es fundamental el trabajo desde el Gobierno Nacional y las comunidades.

Luego de escuchar a las organizaciones sociales, la Senadora, Lorena Ríos, afirmó que con este trabajo “esperamos ver que estas nuevas generaciones tengan mejores condiciones de crecimiento y garantía de sus derechos y protección para su vida”.

Por último, la representante a la Cámara, Erika Tatiana Sanchéz, aseguró que estos temas deben ser prioridad en medio de la agitada agenda legislativa, que enfrenta siete reformas y un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo. Alertó sobre el reducido apoyo que, según ella, ha recibido un capítulo tan importante como el de la niñez, ya que de las más de 50 proposiciones al PND solo les han aceptado seis.

Estas entidades, junto a los congresistas de la comisión, buscan que esta comisión accidental se convierta en una comisión legal, que se priorice en el país, los temas de la Infancia y Adolescencia, para lograr hacer control político y establecer agendas reales de protección a los menores.

Durante la jornada de la instalación, se firmó el “Compromiso por la infancia y la Adolescencia” en el que congresistas, delegados de las entidades del orden nacional y las organizaciones de la sociedad civil, suscribieron el documento en señal de compromiso con las generaciones futuras de Colombia, para que disfruten de un país libre de violencias y lleno de oportunidades.