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La Unidad Nacional de Protección (UNP) inició la semana con un escándalo que, parece, es apenas la punta de un problema mucho más amplio y profundo. Se trata de la aprehensión del conductor Manuel Antonio Castañeda, quien manejaba por las carreteras del Cauca un vehículo que hace parte de un esquema de seguridad de la UNP y en el que transportaba 168 paquetes de cocaína.
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Ante esto, Augusto Rodríguez, director de la UNP, habló en W Radio sobre las investigaciones que adelantan al respecto para conocer en qué se están empleando las camionetas propias y arrendadas por la entidad para la protección de líderes sociales, congresistas y demás políticos o funcionarios públicos, y la relación de esto con la crisis que vive la institución por falta de carros suficientes para este fin.
“Estamos encontrando una serie de irregularidades de los vehículos que vienen orquestadas desde la cartelización de los mismos en la UNP y en la Fiscalía”, indicó a la emisora Rodríguez este lunes.
Según Rodríguez, por la escasez de vehículos, sobre todo blindados, y por la no renovación de la flota de la entidad, han tenido que contratar el alquiler de camionetas de empresas y terceros. “Nos encontramos con que la flota no ha sido reforzada y la que tenemos es vetusta. El 40 % de esta está en los talleres. Muy rápidamente [los carros] se les están varando a los protegidos y las empresas no están cumpliendo con el cambio a tiempo o con la reparación. Están incumpliendo los contratos”, señaló.
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Por lo que la entidad se ha puesto a la tarea de rastrear la flota y el uso que se le está dando a cada carro que compone los esquemas de protección. El director manifestó que en ese trabajo encontraron situaciones graves de la que la Fiscalía ya está al tanto.
“Encontramos que vehículos estaban siendo arrendados a particulares sin habérseles pedido las resoluciones y demás papeles para efectuar esos esquemas de protección. Es decir, de manera ilegal se estaban alquilando vehículos por parte de ciertas personas. Desde la misma entidad los servidores nos dijeron que existían estos rumores. Así vinimos a dar con esta persona”, aseguró Rodríguez.
El hallazgo fue sorprendente: si bien por el tamaño de la crisis parece que este tipo de cosas sucedían en el cotidiano desde hace rato, fue importante la denuncia de la entidad y la exposición pública sobre el mal uso que se le estaría dando a la flota de vehículos que, al ser de alta gama, tienen un alto costo para el Estado.
“Logramos establecer que Manuel Castañeda había tomado en arrendamiento un esquema de la UNP. Ahí empezó la situación y nos encontramos con el señor que nos cuenta y relata cómo supuestamente había hecho esta conexión. Lo arrendó por siete millones de pesos mensuales. El esquema lo tuvo más de un año y se enteró que cuando los escoltas no estaban con él, el vehículo se utilizaba para el traslado de dineros y el cargamento de 400 kilos de marihuana. Se lo habían alquilado a algunas personas para hacer ese traslado en el departamento de Risaralda”, agregó.
“Nosotros preocupados por los vehículos y porque las empresas prestadoras no están cumpliendo con los contratos, y hemos encontrado que los carros han sido asignados a personas cuya idoneidad no es la exigida o que han sido alquilado a terceros, como es el caso de Manuel Castañeda, inmerso en procesos como los 168 paquetes de coca”, dijo el director de la UNP. Rodríguez sostuvo además que Castañeda “nunca ha estado involucrado con la UNP”, más allá de unas medidas blandas (chaleco antibalas y un botón de emergencia) que se le asignaron alguna vez.
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