Análisis: ¿Cambiará Diego Molano el Ministerio de Defensa?

De ministros militares a ministros civiles

Días después del fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, el presidente Iván Duque posesionó el pasado sábado al nuevo ministro de Defensa, Diego Molano. Molano ocupa ahora un puesto con una historia problemática. En 1991 y a instancias de la nueva Constitución, César Gaviria rompió una tradición cuando nombró a Rafael Pardo como ministro de Defensa y retiró del cargo al general Oscar Botero. Desde el Frente Nacional, el cargo había sido ocupado consecutivamente por 17 generales.

Lea también: Diego Molano, un uribista incondicional y de vieja guardia

Esto sirvió para ajustar la paridad (había entonces 13 ministerios) y para significar el papel de árbitros del bipartidismo que desempeñaban los militares y policías. Además, era un salvavidas para la honra de la Fuerza Pública, herida por el gobierno golpista del general Rojas Pinilla; las culpas recayeron sobre él, mientras que las fuerzas armadas tuvieron una absolución política, administrativa y judicial.

Adicionalmente, al asignar ese cargo a un general del Ejército se entregaba el protagonismo y la autonomía supervisada para que las fuerzas armadas se encargaran del orden público. Esto les permitió a los políticos y burócratas dedicarse a construir el Estado, administrar el Frente Nacional y diluir el sectarismo en dosis crecientes de clientelismo.

Los generales se subordinaron al poder civil; quienes no lo hicieron fueron excluidos de las fuerzas armadas (esto fue así de Ruiz Novoa a Landazábal Reyes). De este modo, cumplieron su papel y advirtieron que las guerrillas y el narcotráfico iban a deteriorar la democracia.

En este sentido, Oscar Botero fue un ejemplo de subordinación en circunstancias tensas y difíciles. Él aceptó su salida sin hacer ruido ni en las fuerzas, ni en la política. Fiel a su carácter, obedeció y antepuso las necesidades del orden recién creado. Gracias a eso la ruptura de la tradición no creó resentimientos.

Ahora bien, apegado a sus convicciones, Botero logró limitar los cambios referentes a la fuerza pública en la nueva Constitución, aunque fue derrotado por los cambios en los estados de excepción que desde entonces y aun bajo pandemia se volvieron un objeto en desuso.

Aunque no suene bien, los civiles usaron a los militares para acompasar el proceso modernizador del Frente Nacional y los años posteriores. Ellos aceptaron y aprendieron a manejar un poder, tamaño y recursos significativos, aunque relativamente pobres hasta 1991.

Lea en Razón Pública: Los retos del nuevo ministro de Defensa

Buenos y malos ministros civiles

La moción de censura no existía en Colombia antes de la Constitución de 1991. Una moción de censura aplicada a un militar traería consigo problemas políticos, administrativos y jurídicos. Por eso se decidió volver a los ministros civiles —y así también se tuvo la sensación de que las élites civiles se encargarían de la seguridad y el orden público, pero de una manera más estructurada, que implicaría un suficiente conocimiento del tema dadas las profundas y urgentes responsabilidades aceptadas—.

El exconsejero de paz y de seguridad nacional, Rafael Pardo, cumplía esos requisitos y contaba con una tecnocracia reciente formada en la Consejería de Seguridad Nacional. Por tal motivo, su nombramiento fue bien recibido tanto en el entorno de las fuerzas como en el de la política. Allí el famoso “kínder” de Gaviria parecía llenar las expectativas.

Pero a partir de entonces, el nombramiento de ministros civiles fue coyuntural, errático y tremendamente desafortunado. Aun cuando, como lo demostró Joaquín Romero en su tesis doctoral, en esa primera década de ministros civiles (1991-2002), las fuerzas armadas tenían el poder real; más los militares que la Policía. Aunque esta última aprendió a ser un engranaje suelto, aunque subordinado.

Hay que aceptar que hubo algunos aciertos. Sin embargo, no es factible establecer una relación causal entre ministros conocedores y aplicados y buenos o malos resultados en el manejo de la seguridad y el orden público. Inevitablemente, los desfases entre decisión, recursos y ejecución imponen un manto que dificulta señalar al responsable.

Aun así, en la lista de los ministros memorables puede mencionarse a Rafael Pardo, Rodrigo Lloreda, Luis Fernando Ramírez, Juan Manuel Santos y Juan Carlos Pinzón. Esta lista resalta distintas personalidades, conocimientos, capacidades, gestiones y resultados. Sin duda alguna, estos ministros supieron conducir, canalizar, dialogar y transmitir. Incluso si acabaron perdidos en las brumas de sus egos político-militares, como en el caso de Pinzón.

Entre los ministros que cumplieron su tarea sin pena ni gloria cabe destacar a Gilberto Echeverry Mejía (Q.E.P.D.), Juan Carlos Esguerra, Jorge Alberto Uribe y Luis Carlos Villegas.

En la última categoría están los que hicieron más daños que aportes o, en realidad, pasaron casi en blanco: Fernando Botero, Guillermo Alberto González, Gustavo Bell Lemus, Martha Lucía Ramírez, Camilo Ospina, Guillermo Rivera, Gabriel Silva, Guillermo Botero y Carlos Holmes Trujillo.

Razón Pública le recomienda: ¿Por qué no te callás? Recomendaciones para el ministro de Defensa

Molano como ministro

Teniendo en cuenta este panorama, hay quienes consideran que el reto del ahora ministro Diego Molano es primordial, pero olvidan que este gobierno comienza su recta final. El Plan de Desarrollo trata de cumplirse, el presupuesto de 2021 está comprometido en su totalidad, y el manejo del orden público, la seguridad y la paz no tiene reversa.

Por si fuera poco, hay varias situaciones que a lo sumo podrían mejorarse y eventualmente habrá menos escándalos. Pero después habría que establecer a qué se debieron esas mejorías.

De ocurrir, es posible que se deban a la capacidad de gestión del nuevo ministro, capacidad que parece no existir en el Ministerio desde agosto de 2018. También puede deberse a la capacidad política para echarse al hombro las divisiones y tensiones en las fuerzas y en el Ministerio. Sin embargo, nacer en el hospital militar, estudiar en un colegio militar y comer comida militar, no le permiten adquirir por ósmosis alguna capacidad útil para cumplir sus deberes.

Esos posibles cambios podrían deberse también a los réditos de la gestión clientelar tradicional que con seguridad legó el finado Holmes Trujillo.

Y eventualmente podría hallarse una cuarta explicación que merece mencionarse. Dicha explicación esta cimentada en la trayectoria y fortalezas como burócrata y tecnócrata del nuevo ministro; aun cuando sus requiebros de envejecido político de derecha las empequeñecen.

En su historia como funcionario, Diego Molano fue responsable de ordenar la respuesta del gobierno de Álvaro Uribe a la sentencia T-025 sobre el desplazamiento forzado. Aunque parecía que el Gobierno no le prestaba atención al tema, durante seis años Molano fue el funcionario de segundo nivel que lideró una respuesta difícil, sometida a nuevas exigencias y desarrollos por la Corte, mientras el gobierno hacía de tripas corazón para que entendieran que no era viable engañarla con información no soportada.

Molano estuvo también en el diseño de lo que se llamó la “Recuperación social del territorio” y en la puesta en marcha de Juntos o Unidos, que eran lo mismo con distinto nombre según el gobernante de turno.

Con Juan Manuel Santos, Molano dirigió la Agencia Presidencial para la Acción Social y fue funcionario clave en el diseño del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Seguramente fue el responsable de adoptar un modelo parecido al de la atención al desplazamiento forzado, conservando sus méritos y errores. No en vano, su esperanza era que uno de sus subalternos podría dirigir la Unidad para las Víctimas, pero allí falló en sus cálculos políticos y burocráticos.

No está de más recordar que Molano pasó a dirigir el ICBF, cuando para simplificar al Estado María Lorena creó el monstruo del Departamento de Prosperidad Social (DPS) —los males de nuestras reformadoras del Estado—.

Después Molano pasó a la política. En este campo, lo que se sabe de él no es muy presentable, pues le gusta parecerse al ‘bachiller’ Macías, a las peores versiones de Pachito y, últimamente, al alguacil Barbosa.

El ‘marchódromo’, las críticas al Centro Nacional de Memoria Histórica, su apuesta por una versión franquista de éste, sus condenas a las movilizaciones y a la minga y el mantra del narcotráfico y el glifosato hablan de un caso no diagnosticado de bipolaridad.

Al final, volvió a la burocracia en el Palacio de Nariño. Allí intentó liderar la conversación nacional y se volvió el tuitero de respuesta a una gran ególatra: Claudia López. El panorama es incierto; habrá que esperar para ver el desempeño del ministro.

*Politólogo, maestro y doctor en ciencias sociales de la FLACSO, México, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.

De ministros militares a ministros civiles

Días después del fallecimiento de Carlos Holmes Trujillo, el presidente Iván Duque posesionó el pasado sábado al nuevo ministro de Defensa, Diego Molano. Molano ocupa ahora un puesto con una historia problemática. En 1991 y a instancias de la nueva Constitución, César Gaviria rompió una tradición cuando nombró a Rafael Pardo como ministro de Defensa y retiró del cargo al general Oscar Botero. Desde el Frente Nacional, el cargo había sido ocupado consecutivamente por 17 generales.

Lea también: Diego Molano, un uribista incondicional y de vieja guardia

Esto sirvió para ajustar la paridad (había entonces 13 ministerios) y para significar el papel de árbitros del bipartidismo que desempeñaban los militares y policías. Además, era un salvavidas para la honra de la Fuerza Pública, herida por el gobierno golpista del general Rojas Pinilla; las culpas recayeron sobre él, mientras que las fuerzas armadas tuvieron una absolución política, administrativa y judicial.

Adicionalmente, al asignar ese cargo a un general del Ejército se entregaba el protagonismo y la autonomía supervisada para que las fuerzas armadas se encargaran del orden público. Esto les permitió a los políticos y burócratas dedicarse a construir el Estado, administrar el Frente Nacional y diluir el sectarismo en dosis crecientes de clientelismo.

Los generales se subordinaron al poder civil; quienes no lo hicieron fueron excluidos de las fuerzas armadas (esto fue así de Ruiz Novoa a Landazábal Reyes). De este modo, cumplieron su papel y advirtieron que las guerrillas y el narcotráfico iban a deteriorar la democracia.

En este sentido, Oscar Botero fue un ejemplo de subordinación en circunstancias tensas y difíciles. Él aceptó su salida sin hacer ruido ni en las fuerzas, ni en la política. Fiel a su carácter, obedeció y antepuso las necesidades del orden recién creado. Gracias a eso la ruptura de la tradición no creó resentimientos.

Ahora bien, apegado a sus convicciones, Botero logró limitar los cambios referentes a la fuerza pública en la nueva Constitución, aunque fue derrotado por los cambios en los estados de excepción que desde entonces y aun bajo pandemia se volvieron un objeto en desuso.

Aunque no suene bien, los civiles usaron a los militares para acompasar el proceso modernizador del Frente Nacional y los años posteriores. Ellos aceptaron y aprendieron a manejar un poder, tamaño y recursos significativos, aunque relativamente pobres hasta 1991.

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Buenos y malos ministros civiles

La moción de censura no existía en Colombia antes de la Constitución de 1991. Una moción de censura aplicada a un militar traería consigo problemas políticos, administrativos y jurídicos. Por eso se decidió volver a los ministros civiles —y así también se tuvo la sensación de que las élites civiles se encargarían de la seguridad y el orden público, pero de una manera más estructurada, que implicaría un suficiente conocimiento del tema dadas las profundas y urgentes responsabilidades aceptadas—.

El exconsejero de paz y de seguridad nacional, Rafael Pardo, cumplía esos requisitos y contaba con una tecnocracia reciente formada en la Consejería de Seguridad Nacional. Por tal motivo, su nombramiento fue bien recibido tanto en el entorno de las fuerzas como en el de la política. Allí el famoso “kínder” de Gaviria parecía llenar las expectativas.

Pero a partir de entonces, el nombramiento de ministros civiles fue coyuntural, errático y tremendamente desafortunado. Aun cuando, como lo demostró Joaquín Romero en su tesis doctoral, en esa primera década de ministros civiles (1991-2002), las fuerzas armadas tenían el poder real; más los militares que la Policía. Aunque esta última aprendió a ser un engranaje suelto, aunque subordinado.

Hay que aceptar que hubo algunos aciertos. Sin embargo, no es factible establecer una relación causal entre ministros conocedores y aplicados y buenos o malos resultados en el manejo de la seguridad y el orden público. Inevitablemente, los desfases entre decisión, recursos y ejecución imponen un manto que dificulta señalar al responsable.

Aun así, en la lista de los ministros memorables puede mencionarse a Rafael Pardo, Rodrigo Lloreda, Luis Fernando Ramírez, Juan Manuel Santos y Juan Carlos Pinzón. Esta lista resalta distintas personalidades, conocimientos, capacidades, gestiones y resultados. Sin duda alguna, estos ministros supieron conducir, canalizar, dialogar y transmitir. Incluso si acabaron perdidos en las brumas de sus egos político-militares, como en el caso de Pinzón.

Entre los ministros que cumplieron su tarea sin pena ni gloria cabe destacar a Gilberto Echeverry Mejía (Q.E.P.D.), Juan Carlos Esguerra, Jorge Alberto Uribe y Luis Carlos Villegas.

En la última categoría están los que hicieron más daños que aportes o, en realidad, pasaron casi en blanco: Fernando Botero, Guillermo Alberto González, Gustavo Bell Lemus, Martha Lucía Ramírez, Camilo Ospina, Guillermo Rivera, Gabriel Silva, Guillermo Botero y Carlos Holmes Trujillo.

Razón Pública le recomienda: ¿Por qué no te callás? Recomendaciones para el ministro de Defensa

Molano como ministro

Teniendo en cuenta este panorama, hay quienes consideran que el reto del ahora ministro Diego Molano es primordial, pero olvidan que este gobierno comienza su recta final. El Plan de Desarrollo trata de cumplirse, el presupuesto de 2021 está comprometido en su totalidad, y el manejo del orden público, la seguridad y la paz no tiene reversa.

Por si fuera poco, hay varias situaciones que a lo sumo podrían mejorarse y eventualmente habrá menos escándalos. Pero después habría que establecer a qué se debieron esas mejorías.

De ocurrir, es posible que se deban a la capacidad de gestión del nuevo ministro, capacidad que parece no existir en el Ministerio desde agosto de 2018. También puede deberse a la capacidad política para echarse al hombro las divisiones y tensiones en las fuerzas y en el Ministerio. Sin embargo, nacer en el hospital militar, estudiar en un colegio militar y comer comida militar, no le permiten adquirir por ósmosis alguna capacidad útil para cumplir sus deberes.

Esos posibles cambios podrían deberse también a los réditos de la gestión clientelar tradicional que con seguridad legó el finado Holmes Trujillo.

Y eventualmente podría hallarse una cuarta explicación que merece mencionarse. Dicha explicación esta cimentada en la trayectoria y fortalezas como burócrata y tecnócrata del nuevo ministro; aun cuando sus requiebros de envejecido político de derecha las empequeñecen.

En su historia como funcionario, Diego Molano fue responsable de ordenar la respuesta del gobierno de Álvaro Uribe a la sentencia T-025 sobre el desplazamiento forzado. Aunque parecía que el Gobierno no le prestaba atención al tema, durante seis años Molano fue el funcionario de segundo nivel que lideró una respuesta difícil, sometida a nuevas exigencias y desarrollos por la Corte, mientras el gobierno hacía de tripas corazón para que entendieran que no era viable engañarla con información no soportada.

Molano estuvo también en el diseño de lo que se llamó la “Recuperación social del territorio” y en la puesta en marcha de Juntos o Unidos, que eran lo mismo con distinto nombre según el gobernante de turno.

Con Juan Manuel Santos, Molano dirigió la Agencia Presidencial para la Acción Social y fue funcionario clave en el diseño del Sistema Nacional de Atención y Reparación Integral a las Víctimas. Seguramente fue el responsable de adoptar un modelo parecido al de la atención al desplazamiento forzado, conservando sus méritos y errores. No en vano, su esperanza era que uno de sus subalternos podría dirigir la Unidad para las Víctimas, pero allí falló en sus cálculos políticos y burocráticos.

No está de más recordar que Molano pasó a dirigir el ICBF, cuando para simplificar al Estado María Lorena creó el monstruo del Departamento de Prosperidad Social (DPS) —los males de nuestras reformadoras del Estado—.

Después Molano pasó a la política. En este campo, lo que se sabe de él no es muy presentable, pues le gusta parecerse al ‘bachiller’ Macías, a las peores versiones de Pachito y, últimamente, al alguacil Barbosa.

El ‘marchódromo’, las críticas al Centro Nacional de Memoria Histórica, su apuesta por una versión franquista de éste, sus condenas a las movilizaciones y a la minga y el mantra del narcotráfico y el glifosato hablan de un caso no diagnosticado de bipolaridad.

Al final, volvió a la burocracia en el Palacio de Nariño. Allí intentó liderar la conversación nacional y se volvió el tuitero de respuesta a una gran ególatra: Claudia López. El panorama es incierto; habrá que esperar para ver el desempeño del ministro.

*Politólogo, maestro y doctor en ciencias sociales de la FLACSO, México, profesor titular de la Facultad de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la Universidad Javeriana.